admin 
El Gobierno de Javier Milei ha intensificado su ofensiva de negociaciones con los jefes provinciales para consolidar una alianza pro-reformas que le asegure la gobernabilidad y los votos necesarios en el Congreso. La estrategia de Casa Rosada es selectiva y pragmática, definiendo un círculo de diálogo basado en incentivos económicos y afinidad política, lo que conlleva la explícita exclusión de gobernadores considerados parte de la «oposición dura».
El oficialismo mira en la relación con los gobernadores el principio fundamental para lograr los números legislativos. El éxito de sus iniciativas está atado al respaldo provincial, y la administración libertaria considera que las provincias tienen incentivos directos para que la situación económica nacional se encamine. Un informe de la consultora 1816 evidencia que el 73% de la deuda provincial se compone de bonos, un factor que ata directamente la capacidad de endeudamiento y las tasas de interés de los distritos al Riesgo País y a la marcha de las expectativas sobre la economía de la Nación.
Este factor económico es la principal palanca. Lo demostró el gesto político del Presidente al felicitar a Jorge Macri (Ciudad) por una exitosa emisión de deuda, un ejemplo de cómo los acuerdos políticos y fiscales se materializan con aquellos dispuestos a cooperar. El acuerdo de coparticipación para CABA, incluido en el Presupuesto 2026, consolida el apoyo de la Ciudad.
El Ministro del Interior, Diego Santilli, se ha convertido en el arquitecto de esta alianza, reuniéndose con una docena de mandatarios para anotar sus demandas y perfilar los apoyos. Entre los gobernadores que visitaron o dialogaron con Casa Rosada se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El Ministro de Economía, Luis Caputo, materializó un compromiso clave en la reducción de las retenciones al petróleo, acordada con Ignacio Torres, como un gesto de cumplimiento.
El Gobierno trabaja en la conformación de un bloque legislativo, formal o informal, compuesto por representantes de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro, Santiago del Estero y Neuquén. En esta construcción, la figura de Gustavo Sáenz (Salta) es promovida como interlocutor para sumar a referentes cercanos a Raúl Jalil y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Zamora, aunque vinculado al kirchnerismo, es considerado clave porque controla tres senadores, un poder que Casa Rosada busca capitalizar.
La estrategia de diálogo es rigurosamente selectiva. Si bien Santilli aún debe reunirse con los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes), así como con Claudio Poggi (San Luis), el Gobierno ha definido un conjunto de gobernadores con los que no planea dialogar en esta etapa. El listado de exclusiones incluye a Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y, de manera notable, a Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Esta omisión subraya que la Casa Rosada ha optado por concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de consensos rápidos y pragmáticos, dejando fuera a la «oposición dura» del arco federal.