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En un operativo que marcó un punto de inflexión en la relación entre la Casa Rosada y Tierra del Fuego, el Gobierno Nacional ejecutó esta madrugada la intervención directa del Puerto de Ushuaia. La medida se formalizó a través de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo dependiente del Ministerio de Economía, bajo la firma de su director, Iñaki Miguel Arreseygor.
El despliegue, que comenzó a materializarse apenas pasada la medianoche, sorprendió a las autoridades locales por su celeridad y por el acompañamiento de fuerzas de seguridad federales, específicamente personal de la Prefectura Naval Argentina y agentes de ARCA, quienes custodiaron el ingreso de los nuevos funcionarios nacionales a las instalaciones portuarias.
La conducción de la terminal quedó delegada en la Gerencia de Coordinación Técnica de la Agencia Nacional, con Cristian Rigueiro a la cabeza, quien oficiará como unidad ejecutora durante un plazo previsto de 12 meses. Bajo este nuevo esquema, la Nación asume la gestión operativa, técnica y administrativa de todo el complejo, lo que implica el control absoluto sobre la infraestructura de explotación, la maquinaria, el equipamiento y cualquier instalación vinculada a la actividad.
Según los términos de la resolución, el objetivo primordial es garantizar la continuidad de los servicios mínimos y los estándares de seguridad portuaria, manteniendo por el momento al personal actual en sus puestos y bajo las condiciones laborales previas, pero bajo una jerarquía de mando estrictamente federal.
El trasfondo de esta drástica decisión se remonta a una fuerte puja de intereses económicos y políticos que se intensificó en septiembre de 2025. En aquel entonces, el Secretario General de la Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego, junto a otros actores clave del sector, denunció que la autonomía financiera del puerto estaba en riesgo.
El foco del conflicto fue la Ley Provincial 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, una normativa impulsada por la provincia que pretendía utilizar los excedentes y el superávit generados por el puerto para sanear las cuentas de la obra social estatal. Los denunciantes argumentaron que desviar esos fondos comprometía la operatividad y el sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos, lo que derivó en inspecciones nacionales que señalaron presuntas falencias estructurales en los muelles.
A pesar de que el Gobierno Provincial había presentado descargos detallados, negando que las conclusiones de las inspecciones reflejaran la situación real de la entidad y destacando la ejecución de obras estratégicas —como la ampliación del Muelle Comercial—, la Nación decidió no agotar los tiempos de negociación. Aunque técnicamente existía un margen de diálogo hasta el 5 de febrero, la Agencia Nacional optó por iniciar la intervención a la «hora cero» de este día.
Este movimiento ha sido interpretado por los sectores provinciales como un avasallamiento a la soberanía de Tierra del Fuego, lo que anticipa una inminente batalla legal. Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo fueguino formalice recursos administrativos y judiciales para intentar revertir la medida y recuperar el control de uno de sus activos económicos más importantes.