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El Presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, rechazó de forma categórica la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno Nacional.
En declaraciones recientes, el funcionario denunció que la medida constituye un «acto carente de coherencia jurídica y técnica», señalando un trasfondo político detrás del despliegue federal.
Para Murcia, la resolución firmada por las autoridades nacionales revela una contradicción insostenible que deja al descubierto un propósito de forzar la intervención sin fundamentos reales.
El titular de la DPP explicó que la normativa nacional ordena, por un lado, la suspensión de la habilitación del puerto y su intervención administrativa y operativa.
Sin embargo, Murcia advirtió que la misma resolución, en su tercer artículo, suspende dicha inhabilitación con el argumento de «no afectar la operatoria portuaria».
“Esta incongruencia expone la verdadera intención: no se actúa por seguridad o infraestructura, sino que se usa la inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria”, afirmó.
El funcionario fue tajante al señalar que, si existieran falencias edilicias o de seguridad genuinas, la medida lógica y responsable de Nación debería haber sido la inhabilitación inmediata.
«Aquí ocurre lo contrario: anuncian la inhabilitación para poder intervenir, y una vez que toman el control, vuelven a permitir la operación», denunció Murcia.
Aseguró que este mecanismo es un «artilugio legal» para disfrazar una toma de control sobre una instalación que, según sus palabras, funciona con total normalidad y excelencia.
Durante su descargo, Murcia destacó que el Puerto de Ushuaia atraviesa una etapa de crecimiento, registrando récords de recaladas y cumpliendo con estándares internacionales.
“Las principales navieras del mundo eligen Ushuaia porque confían en nuestros servicios. Si hubiera riesgos reales, estas empresas no operarían aquí”, subrayó el funcionario.
En este sentido, calificó la resolución nacional no solo como un desconocimiento de la realidad operativa, sino como una «extorsión institucional inaceptable».
Finalmente, el titular portuario confirmó que la Provincia no se quedará de brazos cruzados ante el desembarco de las autoridades nacionales.
Murcia ratificó que, junto con el Gobierno de la Provincia, se iniciarán todas las acciones administrativas y jurídicas necesarias para revertir la intervención.
El objetivo de estas medidas legales será defender la autonomía provincial y proteger el desarrollo económico de Tierra del Fuego frente a lo que consideran «falsos pretextos técnicos».