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Una resolución firmada sobre el cierre del año pasado ha desatado un conflicto sin precedentes en el sector inmobiliario de la provincia. La normativa 201/2025, emitida el 30 de diciembre por el director de Catastro, Martín Eladio Ibarra, impone nuevas obligaciones que, según los profesionales del área, mantienen hoy la actividad prácticamente congelada.
La medida establece un procedimiento obligatorio para verificar el estado de los inmuebles que tengan más de 20 años de antigüedad en su registro. En la práctica, esto obliga a cualquier propietario que desee vender, ceder o donar su bien a realizar una nueva mensura de la parcela antes de concretar la operación.
Un costo extra en dólares El principal punto de fricción es el impacto económico para los ciudadanos. Se estima que el costo de estos nuevos trabajos de agrimensura ronda los 1,000 dólares por trámite. Este monto es señalado como «confiscatorio» por los afectados, quienes denuncian que se suma una carga financiera pesada en un contexto económico ya delicado.
Aunque la dirección de Catastro argumenta que la norma busca «garantizar la seguridad jurídica» y actualizar la realidad física de los terrenos, los operadores inmobiliarios sostienen lo contrario. Para ellos, la resolución solo añade capas de burocracia y entorpece la dinámica del mercado.
Falta de consenso y parálisis operativa La mayor crítica radica en el carácter «inconsulto» de la decisión. La norma entró en vigencia en enero sin haber sido trabajada con los actores que deben ejecutarla: escribanos, agrimensores, municipios, el IPV y el Registro de la Propiedad.
La reacción de los colegios profesionales ha sido tajante:
- Agrimensores: El Consejo Profesional anunció que no intervendrá ninguna solicitud, calificando la aplicación inmediata como «no prudente» por la falta de coordinación previa.
- Escribanos: Hablan de una «irresponsabilidad burocrática» y exigen que se detenga la aplicación de la norma.
- Martilleros y Agentes: Denuncian que la actividad está frenada debido a la emisión de certificados que no habilitan la venta, lo que genera incertidumbre en compradores y vendedores.
El rol del funcionario En el sector no ha pasado desapercibido un detalle profesional: Martín Eladio Ibarra, el funcionario detrás de esta reglamentación que obliga a realizar nuevas mensuras, es agrimensor de profesión. Esto ha alimentado el malestar entre quienes ven en la medida un beneficio corporativo por sobre el interés general.
Por el momento, el mercado inmobiliario permanece en un estado de parálisis técnica, a la espera de que las autoridades provinciales den marcha atrás o abran una instancia de diálogo que permita destrabar las operaciones pendientes.