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Lo que comenzó como una presentación rutinaria sobre el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Francia en la Asamblea Nacional francesa derivó en un firme reclamo diplomático por parte del embajador Ian Sielecki. El diplomático argentino, invitado a disertar ante la Comisión de Relaciones Exteriores, se encontró al inicio de su discurso con una cartografía a sus espaldas que identificaba a las Islas Malvinas como territorio perteneciente al Reino Unido.
Ante esta situación, Sielecki interrumpió su alocución para advertir que la presencia de dicho mapa representaba un «gran problema» y una contradicción insalvable con su rol como representante del Estado argentino.
El embajador fue tajante al señalar que no podía hablar libremente frente a una imagen que vulneraba la soberanía y la dignidad de su nación, calificando la situación como una violación al derecho internacional. Para graficar la gravedad del asunto ante los parlamentarios franceses, comparó el hecho con la posibilidad de invitar a un diplomático ucraniano a hablar frente a un mapa que mostrara a Crimea o Lugansk como parte de Rusia.
A pesar de que el presidente de la comisión intentó matizar el hecho mencionando la existencia de la disputa territorial, Sielecki insistió en que el mapa atribuía explícitamente el archipiélago a la jurisdicción británica.
La tensión diplomática solo se disipó cuando, a pedido del propio embajador, el sector cuestionado del mapa fue cubierto con una nota adhesiva de color amarillo. Solo tras este gesto simbólico de respeto a la posición argentina, la sesión pudo continuar con el análisis de las relaciones bilaterales y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Este episodio cobra especial relevancia en un contexto donde Argentina sigue reivindicando su soberanía sobre las islas, situadas a 600 kilómetros de la Patagonia y objeto de una disputa que ya cuenta con seis décadas de reconocimiento oficial por parte de la ONU mediante la Resolución 2065.
En paralelo a este incidente en París, la tensión por el archipiélago se mantiene elevada debido a la actividad económica en el Atlántico Sur. Recientemente, la Cancillería Argentina expresó un enérgico rechazo a los anuncios de inversión para el proyecto petrolero «Sea Lion» por parte de empresas israelíes y británicas.
El gobierno argentino sostiene que cualquier explotación de recursos naturales en la zona de disputa, ubicada frente a las costas de Santa Cruz, es ilegal si no cuenta con la autorización de Buenos Aires, denunciando que estas acciones unilaterales entorpecen la búsqueda de una solución pacífica al conflicto de soberanía.
Fuente: Infobae