admin 
La situación del mercado de alquileres en Argentina atraviesa una crisis profunda caracterizada por una tensión financiera sin precedentes, donde el 70% de los inquilinos convive con deudas activas. Este escenario ha provocado un cambio en las prioridades de la población, desplazando la preocupación por la vivienda a un tercer plano, por detrás de la caída del salario real y la inestabilidad del empleo.
La pérdida del poder adquisitivo impide que el acceso a un hogar sea sostenible, transformando el pago mensual en un desafío que compromete la estructura económica básica de las familias.
El peso de los gastos fijos se ha vuelto asfixiante debido a la combinación de alquileres altos y expensas que, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ya promedian entre los $180.000 y $250.000 mensuales. Solo una tercera parte de los locatarios logra destinar menos del 30% de sus ingresos a la vivienda, mientras que los sectores más afectados deben asignar entre el 60% y el 100% de sus haberes para evitar el desalojo.
Esta falta de previsibilidad se ve agravada por contratos con actualizaciones trimestrales que licúan rápidamente cualquier mejora salarial, forzando a los ciudadanos a recurrir de manera sistemática al endeudamiento para cubrir necesidades elementales.
Las consecuencias de este desequilibrio se manifiestan en un fenómeno de desplazamiento forzado, donde el 17,2% de los inquilinos ha tenido que mudarse por la imposibilidad de afrontar los costos. Para subsistir, casi la mitad de los afectados ha optado por el pluriempleo, aunque esto no garantiza estabilidad: el 53% ha tomado créditos para comprar alimentos y el 39% se ha endeudado específicamente para pagar el alquiler.
La crisis impacta con especial dureza en los jubilados, quienes en su gran mayoría destinan más del 40% de sus haberes a la vivienda y se ven obligados a recortar su consumo alimentario básico. Ante la ausencia de un marco regulatorio que equilibre la relación entre propietarios e inquilinos, el sector advierte sobre la consolidación de una estructura de pobreza habitacional que requiere de soluciones colectivas y políticas públicas urgentes.