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La capital de Tierra del Fuego fue escenario de una masiva movilización encabezada por trabajadores de diversos gremios municipales, quienes reclamaron la regularización en el envío de fondos coparticipables y la defensa de la autonomía financiera de la ciudad. La jornada comenzó en el Paseo de las Rosas, desde donde más de mil manifestantes marcharon hacia la Legislatura provincial para exigir el tratamiento urgente de un mecanismo de transferencia automática, diaria y previsible, conocido técnicamente como ley de goteo.
El planteo adquirió un fuerte volumen político y sindical en un contexto de creciente tensión entre el Municipio de Ushuaia y el Gobierno provincial. Según el documento presentado ante los legisladores, la deuda acumulada con la administración capitalina supera los 12 mil millones de pesos, con retrasos que llegan hasta los 37 días en la remisión de las partidas. Los sectores movilizados advirtieron que una parte sustancial de esos recursos corresponde a fondos de origen nacional que ya ingresaron a las arcas provinciales, lo que genera interrogantes sobre los motivos de la demora en su distribución efectiva.
La movilización contó con un amplio respaldo de organizaciones como UTA, ATE, SOEM, SPJ, ASEOM, SEMUP y SADEM, junto a la participación de CECU y UTHGRA. Esta unidad gremial dejó en evidencia que el conflicto trasciende lo institucional y afecta directamente la prestación de servicios básicos. Tras el paso por la Legislatura, las columnas se dirigieron a la Casa de Gobierno para entregar una carta abierta al gobernador, donde expusieron las consecuencias concretas de la retención de recursos.
En dicha misiva, los representantes sindicales señalaron que la demora en las transferencias constituye una práctica sistemática que impacta en áreas sensibles como el pago de salarios, la continuidad de las paritarias, el sostenimiento del transporte público, la recolección de residuos y la atención primaria de la salud. De esta manera, la discusión técnica sobre la coparticipación se tradujo en una preocupación real por la calidad de vida de los vecinos de Ushuaia.
Por su parte, funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia acompañaron el reclamo reforzando el mensaje político de la jornada. El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, planteó que la autonomía municipal no puede ser una mera declaración formal, sino que debe estar garantizada por la disponibilidad efectiva de los recursos que por ley le corresponden a la ciudad. En esta línea, el denominador común de la protesta fue la necesidad de una normativa que elimine la discrecionalidad política y brinde transparencia al reparto de fondos.
En un escenario de creciente incertidumbre financiera, la disputa por la ley de goteo se consolida como el eje de un conflicto estructural sobre el federalismo interno y el equilibrio de poder en la provincia. La movilización dejó en claro que, para los sectores municipales, la previsibilidad de los recursos es la única herramienta capaz de blindar los servicios esenciales frente a las tensiones políticas entre los distintos niveles del Estado.