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En el marco de un encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en Buenos Aires, Martín Perez (Río Grande) y Daniel Harrington (Tolhuin) se sumaron a más de 120 jefes comunales de todo el país para denunciar el desfinanciamiento de los gobiernos locales y el impacto de la crisis social y productiva.
Bajo la consigna “Bajen las naftas, activen las obras”, los intendentes de Río Grande, Martín Perez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, participaron de una jornada federal de reclamo ante el Ministerio de Economía de la Nación. A través de un documento conjunto, los mandatarios locales visibilizaron el diagnóstico crítico que atraviesan los territorios debido a la paralización de la infraestructura nacional y la caída de los recursos coparticipables.
Uno de los puntos centrales del reclamo fue la exigencia de una distribución equitativa de la recaudación del impuesto a los combustibles. Los intendentes denunciaron que, a pesar de los constantes aumentos en los surtidores, los recursos no están llegando a los municipios para sostener la obra pública. En este sentido, solicitaron formalmente retrotraer el valor de los combustibles al 1° de marzo y reactivar de manera urgente los proyectos de infraestructura interrumpidos desde el año pasado.
Daniel Harrington remarcó que los municipios son el «primer mostrador de la democracia» y quienes enfrentan el aumento de la demanda social. “Acompañamos este reclamo genuino porque la falta de distribución de recursos termina impactando directamente en los vecinos”, señaló el intendente de Tolhuin, subrayando que la caída del 11% en la coparticipación federal agrava la situación fiscal de las comunas.
Por su parte, el intendente Martín Perez aportó la mirada de la Patagonia sur, describiendo un escenario «dramático» para la industria fueguina. Según detalló, Río Grande registró una pérdida de 5.000 puestos de trabajo industriales directos entre 2023 y 2026, lo que derivó en un total de 10.000 empleos privados registrados menos en la ciudad.
“La producción industrial cayó entre un 50% y un 55% interanual. Estamos gestionando esta crisis con el 100% de la obra pública nacional detenida”, afirmó Perez. Ante esta realidad, el municipio debió redireccionar un 25% más de su presupuesto para fortalecer la asistencia sanitaria, alimentaria y el transporte público, servicios fuertemente afectados por la eliminación de subsidios nacionales.
El planteo de los intendentes fueguinos también incluyó una fuerte defensa de la Ley 19.640. Perez calificó como «alarmante» que se cuestione el régimen de promoción industrial y vinculó la crisis económica con la soberanía nacional en el Atlántico Sur. Mencionó con preocupación el retiro de YPF de áreas petroleras del norte de la isla y el avance de proyectos británicos en la región, advirtiendo que «no se puede debilitar nuestra presencia en Tierra del Fuego mientras el Reino Unido avanza sobre nuestros recursos».
El documento presentado ante el Ministerio de Economía propone la creación de una mesa de trabajo permanente, la normalización del envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la revisión del esquema de coparticipación. Harrington y Perez coincidieron en que el fortalecimiento de los gobiernos locales es la única vía para dar respuesta a una comunidad golpeada por el cierre de empresas y el encarecimiento del costo de vida.