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En un avance clave para la resolución de uno de los conflictos institucionales más significativos de la provincia, el secretario Legal y Técnico del Municipio de Tolhuin, Alexis Solís, brindó precisiones sobre el estado actual de la causa judicial contra la empresa LeoLabs. La novedad principal radica en que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se declaró competente para intervenir en el proceso que determinará el futuro de la estructura instalada en la ciudad, específicamente en lo que respecta a la demanda municipal de demolición. Según explicó el funcionario, la estrategia judicial se desglosa actualmente en dos frentes bien diferenciados.
El primero de ellos corresponde a una ejecución fiscal tras haber obtenido una sentencia favorable por la construcción no autorizada; la firma fue condenada al pago de una multa cercana al millón y medio de pesos que, al no ser cancelada en tiempo y forma, derivó en un proceso de ejecución de sentencia que incluye el embargo de las cuentas bancarias de la compañía.
El segundo frente, y quizás el de mayor impacto político y ambiental, es el relativo al desarme del radar. Tras la declaración de incompetencia del juzgado de Tolhuin, el Superior Tribunal de Justicia resolvió asumir la competencia bajo la figura de una acción contencioso administrativa, vinculada directamente al acto municipal que ordena el desmantelamiento total de la estructura.
Solís enfatizó que la decisión del Ejecutivo local no se limitó únicamente a la sanción económica por la falta de permisos, sino que se mantuvo firme en la exigencia de demolición, cumpliendo con el pedido del Intendente de agotar todas las instancias legales vigentes. El funcionario remarcó que el Municipio ha sido estrictamente respetuoso de los plazos procesales y de la independencia del Poder Judicial, ajustándose a los tiempos que la Justicia determine para resolver el fondo de la cuestión.
La controversia se remonta al año 2023, momento en que las autoridades locales detectaron e interceptaron la construcción, disponiendo una clausura provisoria que la empresa no habría regularizado, continuando con la obra mientras se discutía la jurisdicción. Actualmente, la causa atraviesa una etapa de definiciones inminentes, ya que LeoLabs cuenta con un plazo legal que vence el viernes de la próxima semana para contestar la demanda interpuesta.
De no mediar una respuesta formal por parte de la firma, esta podría ser declarada en rebeldía, lo que aceleraría el dictamen final. En sus declaraciones finales, Solís subrayó que el proceso judicial ha trascendido el mero incumplimiento administrativo para convertirse en una cuestión de relevancia institucional, señalando que la resolución de este conflicto implica, en última instancia, la defensa de la soberanía territorial y el respeto a la normativa municipal.