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El funcionario y Bettina Angeletti adhirieron a la modalidad prevista en la Ley 27.799. Desde su entorno aseguran que se trata de una estrategia para agilizar la presentación de declaraciones juradas, mientras la Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaron su inscripción en el Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799, según consta en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida generó repercusiones en el ámbito político y judicial, dado que el matrimonio es objeto de una investigación por presunto incremento patrimonial injustificado.
La adhesión, efectivizada por Angeletti el pasado 31 de mayo para el período fiscal 2025, despertó interrogantes sobre una posible vinculación con el esquema de «Inocencia Fiscal» que permite exteriorizar activos no declarados previamente. Sin embargo, fuentes oficiales cercanas al funcionario rechazaron de plano esta hipótesis.
Desde el entorno de Adorni argumentaron que la elección de este régimen responde a una cuestión de «tiempo operativo». «El régimen simplificado ayuda a que la declaración se haga más rápido; el trámite lo termina completando el fisco y no quien aplica. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal», aseguraron desde el entorno del jefe de Gabinete a este medio.
Asimismo, enfatizaron que el funcionario no utilizará el régimen para blanquear dinero ni para exteriorizar dólares no declarados. Sobre la justificación de los fondos destinados a la adquisición de sus inmuebles —uno de los puntos clave de la causa judicial—, allegados a Adorni sostuvieron que parte del capital provendría de tenencias en criptomonedas.
No obstante, expertos impositivos señalan que, más allá de la agilidad administrativa, el beneficio central de esta figura es el denominado «tapón fiscal». Este mecanismo bloquea la posibilidad de que el ente recaudador audite periodos fiscales anteriores, incluyendo el 2025, año en el que se produjeron los movimientos bajo la lupa de la Justicia.
Mientras el matrimonio ajusta su situación impositiva, la investigación en los tribunales federales de Comodoro Py avanza bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Actualmente, se aguarda un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), cuya conclusión —prevista para fines de junio o inicios de julio— será determinante.
El informe buscará establecer si existe un incremento patrimonial injustificado al cruzar los ingresos declarados, los pagos para la compra de un semipiso en Caballito y una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, además de los gastos corrientes y viajes realizados.
Adorni deberá responder ante la Justicia por estos movimientos y por la deuda de 335.000 dólares que mantenía con acreedores. La presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, que desde el Ejecutivo califican como «inminente», será el primer paso antes de una eventual citación a indagatoria.
En paralelo, se mantiene abierta otra línea de investigación vinculada a presuntas dádivas, centrada en un viaje en avión privado a Punta del Este junto a Marcelo Grandio, dueño de la productora ImHouse, cuyos costos están bajo análisis judicial para determinar si constituyeron una irregularidad en el ejercicio de la función pública.