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La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que modifica sustancialmente el régimen de subsidios de gas en las denominadas «Zonas Frías». Con un quórum ajustado de 129 legisladores presentes, el oficialismo logró destrabar una sesión clave que, además de retrotraer el beneficio del gas, incluyó la aprobación de la denominada «Ley Hojarasca». La iniciativa, que ahora deberá ser debatida en el Senado, representa un golpe directo para el presupuesto de miles de familias patagónicas, incluyendo a toda la provincia de Tierra del Fuego.
La modificación central de la norma revierte la ampliación del sistema establecida en 2021, la cual había incorporado a numerosos municipios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo. Con este cambio, el subsidio automático se limita exclusivamente a las zonas originales —Patagonia, Puna y Malargüe—, pero bajo una nueva modalidad que, lejos de ser neutra, implica un incremento real en la tarifa. Según lo expuesto en el recinto, el subsidio dejará de aplicarse sobre el monto total de la factura para centrarse únicamente en el ítem de consumo. Al respecto, el diputado neuquino Pablo Todero (Unión por la Patria) fue contundente al advertir que, bajo este nuevo esquema, las familias patagónicas verán incrementos de entre un 40% y un 60% en sus boletas, desmintiendo el relato oficial de que la medida no afectaría al sur del país.
El oficialismo justificó la embestida contra el sistema vigente calificándolo de «insensato e injusto». La diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) sostuvo que el Estado no puede continuar subsidiando a sectores que tienen capacidad de pago, argumentando que el régimen previo funcionaba como un «Hood Robin a la inversa», quitándole recursos al Estado para beneficiar a quienes no lo necesitan. Asimismo, el proyecto incluye un artículo restrictivo que prohíbe explícitamente la inclusión de tributos de orden local o cargos ajenos —a excepción del alumbrado— en las facturas de gas, una medida que los autores de la iniciativa presentan como el fin de la «avivada» de los gobernadores, aunque los mandatarios provinciales advierten sobre la fragilidad presupuestaria que esto implica.
La estrategia del Gobierno para garantizar la sesión fue intensa. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó negociaciones con mandatarios aliados, ofreciendo a cambio futuras compensaciones para las provincias cálidas del NOA y el NEA —como la ampliación de los bloques de consumo eléctrico subsidiado— y la firma de contragarantías para financiamiento internacional, como los préstamos del Banco Mundial y el BID gestionados por el ministro Luis Caputo. Sin embargo, este intercambio de favores generó fuertes críticas. El diputado Juan Carlos Molina (Santa Cruz) denunció durante la sesión que a los gobernadores «les prometieron espejitos de colores», cuestionando la solidez de las compensaciones frente a la pérdida real de los beneficios para sus regiones.
El impacto es masivo: según cifras de la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, el universo de beneficiarios se reducirá drásticamente, pasando de 3,4 millones a 1,8 millones de usuarios. En el caso de los municipios que fueron incorporados al régimen tras la ampliación de 2021, el descuento automático desaparece y quedará supeditado a un esquema de acreditación de vulnerabilidad económica, donde solo quienes cumplan estrictos requisitos obtendrán un 30% de descuento.
La jornada parlamentaria no se limitó al gas. Con 138 votos positivos, también obtuvo media sanción la «Ley Hojarasca», impulsada por el ministro Federico Sturzenegger. Este paquete busca derogar 60 leyes consideradas «obsoletas». Mientras el oficialismo sostiene que se trata de un proceso de limpieza normativa, desde la oposición (Unión por la Patria y la Izquierda) alertaron sobre los peligros de esta medida, denunciando que bajo el pretexto de simplificar el ordenamiento jurídico, se están eliminando normativas fundamentales para la salud pública y la protección de la producción nacional, abriendo interrogantes sobre las consecuencias reales de esta desregulación acelerada.