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La diputada Marcela Pagano radicó la presentación ante la Justicia Federal. Apunta a un millonario sobreprecio en la adquisición de una aeronave Embraer en 2025 y a la recepción de la unidad con casi una veintena de fallas técnicas graves. El exministro negó las acusaciones.
La Justicia Federal investiga una denuncia por presuntas irregularidades, sobreprecios y direccionamiento en la compra de equipamiento militar durante la gestión anterior del Ministerio de Defensa. La presentación judicial, impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia), apunta de forma directa contra el exministro de Defensa y actual diputado, Luis Petri, además de alcanzar a diversos funcionarios de la cartera y personal militar que intervino en la operación técnica y administrativa.
El eje central de la denuncia radica en la adquisición, efectuada durante el año 2025, de una aeronave Embraer ERJ-140LR a la firma estadounidense Regional One Inc. por un monto total de 4.085.000 de dólares. De acuerdo con la presentación efectuada por Pagano, el valor de mercado real de dicho avión se estimaba en aproximadamente 2.300.000 de dólares, lo que representaría un millonario sobreprecio en perjuicio de las arcas públicas. La legisladora sostiene que el proceso licitatorio estuvo signado por anomalías difíciles de justificar y sugiere que el pliego de bases y condiciones habría sido diseñado para beneficiar a un oferente determinado. Como prueba de este presunto direccionamiento, la denuncia aporta un dato llamativo: la aeronave en cuestión ya lucía los colores y las insignias oficiales de la Fuerza Aérea Argentina en el año 2023, es decir, dos años antes de que se iniciara y abriera formalmente el proceso de licitación internacional.
El escrito judicial también busca delimitar la responsabilidad política de las máximas autoridades del área. Pagano enfatiza que en julio de 2025 ingresó al Ministerio de Defensa una impugnación formal contra el proceso de compra presentada por la empresa Alpha Aviation. A pesar de las alertas y de haberse iniciado una investigación interna en el ámbito de la cartera para evaluar la transparencia del trámite, las actuaciones administrativas habrían sido archivadas sin mayores trámites. Paralelamente a este conflicto, la presentación judicial enmarca el contexto de la política de defensa señalando la firma de convenios de vigilancia marítima con los Estados Unidos, una medida que sectores de la oposición catalogan como una «entrega de la soberanía» regulatoria.
Más allá del perjuicio económico y administrativo, la denuncia pone el foco en el peligro operativo que implicó la transacción debido al estado del material recibido. Según consta en el expediente, la propia Fuerza Aérea Argentina documentó de manera interna un total de 19 deficiencias técnicas graves al momento de recepcionar y revisar la aeronave en los talleres oficiales. Entre los fallos de seguridad detectados por el personal técnico de la fuerza se detallan fugas de aceite activas en los sistemas de propulsión, signos de corrosión estructural en diferentes sectores del fuselaje y un desgaste severo en los mandos de vuelo principales, comprometiendo las maniobras básicas.
Ante la repercusión de la denuncia, el exministro de Defensa rechazó categóricamente las acusaciones en su contra. Petri negó de forma rotunda haber encubierto cualquier tipo de maniobra fraudulenta o irregular durante su paso por el Poder Ejecutivo y aseguró que, por el contrario, fue su propia gestión la que impulsó una denuncia penal formal para que se investigue el estado de la contratación antes de abandonar el cargo ministerial.