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El Gobierno nacional formalizó una alianza militar con los Estados Unidos a través de la firma de una Carta de Intención para implementar el “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales”. La iniciativa, que contempla un plan de desarrollo a cinco años, tiene como objetivo central vigilar y controlar las actividades marítimas en el Atlántico Sur.
El anuncio formal fue realizado por el Comando Sur de los Estados Unidos, la división del Departamento de Defensa que supervisa las operaciones militares en América Latina y el Caribe. Según el comunicado oficial de la fuerza norteamericana, esta asociación busca defender los denominados “bienes comunes globales» y, al mismo tiempo, «fortalecer la seguridad regional”.
El documento técnico fue suscripto por el Contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota estadounidense, y el Almirante Juan Carlos Romay, por parte de la Armada Argentina.
Según trascendió sobre los alcances del acuerdo, la primera fase del programa comenzará con la entrega de una cámara especializada de alta tecnología que será instalada a bordo de una aeronave argentina dedicada al patrullaje de la zona marítima.
A partir de este paso inicial, el plan quinquenal prevé expandirse mediante la provisión de equipamiento avanzado, entrenamiento de élite para las fuerzas locales y apoyo operativo continuo. El objetivo final expresado por el organismo estadounidense es dotar de herramientas para interceptar y neutralizar amenazas marítimas en la región.
La firma del convenio encendió rápidamente las alarmas en el arco opositor, desde donde señalaron que el acuerdo representa una «nueva entrega de soberanía» y una profundización del alineamiento geopolítico de la gestión de Javier Milei con la administración de Washington.
Uno de los primeros en manifestar su rechazo fue el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien utilizó sus redes sociales para criticar los términos del programa. “El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la OBLIGACIÓN de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos», apuntó el funcionario bonaerense.
En esa misma línea, Bianco cuestionó la entrega de facultades operativas a fuerzas extranjeras: “En vez de ofrecer nuestro Atlántico Sur como área de entrenamiento y mapeo naval para otras potencias, el gobierno nacional debe cumplir allí sus funciones soberanas”.
Finalmente, el ministro provincial vinculó la situación con el conflicto de las Islas Malvinas, denunciando una presunta inacción de la Casa Rosada frente a los avances británicos en la región. El funcionario remarcó que el Ejecutivo debería «comenzar imperiosamente las gestiones y las acciones de presión diplomática para impedir la explotación ilegal de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, que se sigue consolidando frente a la parálisis del gobierno de Javier Milei”.