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Por Dihcar Labina
¿Te acordás de lo que estabas haciendo a mediados de enero? Bueno, mientras la mayoría andaba con la cabeza en las vacaciones, la noche del 21 de enero se cocinaba a fuego rápido una de las decisiones políticas y geopolíticas más picantes del año para nuestra provincia: la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
Hoy ya pasaron exactamente 126 días de ese desembarco federal y la niebla, lejos de despejarse, está cada vez más espesa.
Lo que en los papeles se presentó como una «adecuación técnica y control de caja» por supuestos desmanejos de fondos (atados a tironeos locales por una ley provincial para financiar la obra social OSEF), en el día a día se transformó en un verdadero polvorín que mezcla laburo, soberanía, millones de dólares y diplomacia de alto vuelo. Pasemos en limpio los frentes de tormenta.
El conflicto laboral estalló de entrada cuando Prefectura impidió el ingreso de unos 140 trabajadores locales que cumplían funciones bajo la órbita de la Dirección Provincial de Puertos. Los gremios pusieron el grito en el cielo denunciando «desplazamiento laboral» y la llegada de personal enviado desde Buenos Aires para manejar la botonera del muelle. Aunque la provincia intentó amortiguar los sueldos con convenios de contingencia, el malestar gremial ya se contagió a Río Grande y las bases están en alerta permanente. Sentarse a laburar sabiendo que tu puesto tambalea no es gratis para nadie.
En tanto en los despachos políticos el clima está igual de picado. El gobernador Gustavo Melella no tardó nada en judicializar el asunto. La provincia pateó el tablero y llevó el reclamo a la Justicia Federal buscando frenar lo que consideran un atropello directo a la autonomía de Tierra del Fuego. No es un detalle menor: desde el minuto cero de la intervención, la caja millonaria del puerto (que factura más de 22.000 millones de pesos anuales gracias a las tasas portuarias) pasó a ser recaudada por Nación a través de la Administración General de Puertos (AGP). En criollo: le cortaron a la provincia un chorro de ingresos vital en un momento económico donde cada peso vale el doble.
Acá es donde la macroeconomía choca con la realidad del vecino común. Ushuaia concentra el 96% del movimiento mundial de cruceros turísticos hacia la Antártida. Es la gallina de los huevos de oro de nuestro comercio local. Durante el verano pasado se absorbió un volumen récord de recaladas con infraestructura propia (como la ampliación del muelle), pero los operadores internacionales miran este río revuelto con desconfianza. A 125 días del conflicto, y con la logística de la temporada 2026/2027 empezando a armarse en las oficinas de las grandes navieras del mundo, la falta de previsibilidad operativa y el riesgo de paros sorpresivos son una bomba de tiempo para el comercio, los hoteles y los guías locales.
Pero seamos honestos, quien crea que esto es solo una discusión por la recaudación local o un capricho administrativo está mirando el canal equivocado. El puerto de Ushuaia no es un muelle más; es la llave de acceso al Atlántico Sur y la puerta de entrada a la Antártida, una zona de altísimo valor estratégico y de recursos naturales críticos.
Y ahí es donde entra a jugar la bandera de las barras y las estrellas. Pocos días después de la intervención en enero, un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) aterrizó en suelo fueguino con una comitiva de más de 20 civiles y congresistas estadounidenses. Aunque la Embajada alegó una agenda vinculada al medioambiente y la salud pública, en el ajedrez internacional nadie se chupa el dedo. El interés de la gestión de Washington —muy sintonizada con el rumbo de la Casa Rosada— por tener un pie o cooperar en la futura Base Naval Integrada y controlar los movimientos del paso bioceánico viene de largo arrastre, intensificado tras las visitas previas de los jefes del Comando Sur. Para muchos analistas, el control federal del puerto facilita alinear esa infraestructura con los intereses estratégicos y militares de EE.UU., saltándose el filtro de una gestión provincial opositora.
Si a la trama ya le faltaba condimento, en los últimos días se sumó un actor que cambió el alcance del conflicto: la propia base de trabajadores portuarios. Cansados de quedar en el medio de las decisiones de escritorio, redactaron una carta abierta que, en cuestión de días, tomó estado público en los principales medios de comunicación del mundo, desde portales especializados en logística naviera en Europa hasta cadenas de noticias globales.
¿Por qué generó tanto ruido afuera? Porque el documento no se limitó a la clásica queja por el bolsillo o la estabilidad laboral. Con mucha lucidez, los trabajadores le hablaron directamente a las grandes empresas internacionales, advirtiendo sobre las «graves fallas operativas, falta de personal calificado e inseguridad jurídica» que sufre el puerto bajo el mando de la intervención federal.
El impacto de este texto fue un baldazo de agua fría para la Casa Rosada y la AGP por tres razones clave:
Pegó donde más duele (la reputación internacional): Las navieras de lujo y los buques polares que planifican sus rutas hacia la Antártida son extremadamente sensibles al factor riesgo. Que los propios operarios del muelle adviertan públicamente que las condiciones actuales pueden poner en peligro la seguridad de los barcos y los pasajeros es la peor campaña de prensa posible para la marca «Ushuaia».
Desnudó la interna ante los ojos de las potencias: Al globalizarse la carta, el interés de Estados Unidos por el puerto (y la resistencia local a esa influencia) quedó expuesto a la luz pública internacional. Dejó de ser un secreto a voces de la política argentina para convertirse en un debate global sobre soberanía portuaria en el Atlántico Sur.
Unificó el reclamo: La carta sirvió para que gremios marítimos internacionales y federaciones portuarias de otros países expresaran su «solidaridad y preocupación», metiéndole una presión inédita a la intervención federal.
¿Hacia dónde vamos?
A 126 días, la intervención del Puerto de Ushuaia dejó de ser una noticia de la sección «Economía» para convertirse en un thriller político y geopolítico en tiempo real. Con los salarios locales bajo la lupa, los fondos emigrando a las arcas nacionales, la justicia analizando expedientes y las potencias extranjeras mirando de reojo las aguas del canal Beagle, lo único seguro es que el futuro estratégico de Tierra del Fuego se está jugando ahora mismo. Habrá que ver quién mueve la próxima pieza en este tablero austral.
Fuente: Patagonia 24