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Por Dihcar Labina
En el complejo entramado de la gestión pública, existe un concepto que a menudo separa la eficiencia del mero trámite burocrático: el timing. En el caso del Puerto de Ushuaia, bajo intervención federal desde principios de año, la reciente aprobación de la nómina de 298 estibadores habilitados no parece ser una muestra de agilidad administrativa, sino más bien el cierre de un capítulo que operó en las sombras de la informalidad institucional durante su momento más crítico.
La resolución 18/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), firmada el pasado 8 de abril y conocida públicamente este 13 de abril, llega con una ironía difícil de ignorar: se formaliza exactamente 48 horas después de que se diera por concluida la temporada alta de cruceros 2025/2026. Es decir, el Estado Nacional terminó de «autorizar» a los trabajadores justo cuando el grueso del trabajo ya se había realizado.
El vacío de los 80 días
Desde que la Resolución 4/2026 dispuso la intervención administrativa del puerto el pasado 20 de enero —alegando irregularidades financieras y déficit de infraestructura—, la terminal marítima más austral del mundo entró en un limbo operativo. Durante casi 80 días, cientos de trabajadores realizaron tareas de estiba y desestiba, vitales para el abastecimiento de la provincia y la logística de cruceros, sin una nómina oficial aprobada por la autoridad interventora.
Surge entonces una pregunta ineludible: ¿Quién habilitó y bajo qué marco legal operaron estos estibadores durante el pico de actividad? Si la ANPyN sostiene que la regularización de esta nómina es fundamental para «garantizar la seguridad de las maniobras y la integridad de las mercaderías», cabe cuestionar si esa seguridad estuvo en riesgo durante los meses de mayor demanda, o si la intervención simplemente corrió por detrás de una realidad que la superó.
La creación de una «lista autorizada» de trabajadores suele presentarse bajo el estandarte de la profesionalización. Sin embargo, cuando esta medida se implementa de forma tardía, adquiere tintes de control laboral post-facto. Para el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y los trabajadores del sector, esta resolución no es un beneficio, sino una regularización que llega cuando la urgencia ha pasado, dejando en el aire la incertidumbre sobre qué criterios se utilizaron para incluir (o excluir) a ciertos operarios de la lista oficial.
Un puerto estratégico en la mira
El Puerto de Ushuaia no es cualquier terminal; es la puerta de entrada a la Antártida y un motor económico para Tierra del Fuego. La intervención federal, que ya suma casi tres meses, prometía transparencia y mejoras operativas. Sin embargo, este último episodio de la nómina de estibadores refleja una desarticulación preocupante entre las decisiones tomadas en los despachos de Buenos Aires y la dinámica febril del muelle fueguino.
Publicar una nómina cuando la temporada ha terminado es, en el mejor de los casos, una desprolijidad administrativa. En el peor, es una señal de que la intervención administrativa está más preocupada por el blindaje normativo que por la eficiencia real de los servicios portuarios.
En conclusión, si el objetivo de la ANPyN era «ordenar» el puerto, el resultado hasta ahora es agridulce. El orden que llega tarde no previene el caos; solo le pone un sello de aprobación a lo que ya sucedió, dejando a la comunidad portuaria con más dudas que certezas sobre el futuro de su principal herramienta de desarrollo.
Fuente: Patagonia 24