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En un fallo de alto impacto institucional, la Justicia fueguina declaró la nulidad del Decreto Provincial N.º 0751/26, mediante el cual el Poder Ejecutivo había convocado a elecciones para elegir convencionales constituyentes con el objetivo de reformar la Carta Magna provincial. La resolución fue dictada por la jueza Mariel J. Zanini, quien fundamentó su decisión en el incumplimiento de requisitos formales previos establecidos por el Superior Tribunal de Justicia.
El eje central del fallo radica en que, al momento en que el Gobierno provincial firmó el decreto de convocatoria, aún no se encontraba firme la resolución judicial previa derivada de la causa “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego ACIAS s/ Acción Meramente Declarativa” (Expediente N.º 4646/2024). Para la magistrada, esta falta de firmeza invalida el procedimiento administrativo iniciado por el Ejecutivo para avanzar con el proceso de reforma.
La sentencia no solo anula el decreto en cuestión, sino que dispone la extensión de esta nulidad a todos los actos administrativos y electorales que se hubieran derivado de forma “directa e inmediata” del mismo. Esta determinación pone en jaque la continuidad del cronograma electoral previsto y todas las actuaciones burocráticas que se habían puesto en marcha para concretar la elección de los convencionales.
Dada la relevancia institucional del caso, la jueza Zanini ordenó que la notificación de la medida se realice mediante cédula electrónica no solo al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público Fiscal, sino también a todas las agrupaciones políticas reconocidas en la provincia. Asimismo, se instruyó la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial y su difusión por los canales institucionales para garantizar el conocimiento público de la resolución.
Este fallo judicial marca un nuevo hito en el complejo escenario de tensiones políticas que atraviesa la provincia. La reforma constitucional ha sido el foco de un intenso debate durante las últimas semanas, enfrentando al Gobierno provincial con diversos sectores de la oposición y actores institucionales que cuestionaban tanto las formas como la oportunidad de avanzar con este proceso. Con esta resolución, el camino hacia la reforma queda momentáneamente bloqueado, a la espera de cómo reaccionará el Gobierno ante este revés judicial.