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El legislador Jorge Araujo, junto a otros pares, presentó un pedido de informes ante la Cámara de Diputados para esclarecer el destino de aproximadamente 53.000 millones de pesos que, por ley, deben ser transferidos al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Ante la creciente preocupación por la situación financiera de los cuarteles de bomberos de todo el país, un grupo de diputados nacionales, liderados por el Dr. Jorge Neri Araujo Hernández y el pampeano Ariel Rauschenberger, presentó una solicitud formal de interpelación a la Ministra de Seguridad de la Nación. El objetivo es obtener explicaciones precisas sobre el destino de los fondos destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, cuya operatividad se encuentra bajo riesgo debido a demoras en las transferencias.
La iniciativa surge tras las denuncias del sector sobre la retención indebida de recursos que poseen asignación específica por ley y deberían ser girados de forma automática. Según los legisladores, se estima que alrededor de 53.000 millones de pesos —casi la mitad de lo recaudado para este fin— no habrían llegado a los cuarteles.
«No estamos frente a un problema presupuestario, sino ante un posible incumplimiento de la ley», afirmó Araujo Hernández, quien subrayó que los recursos provienen de aportes obligatorios con fines predeterminados. «Si los fondos fueron recaudados, deben estar en algún lugar. Y si no fueron transferidos, alguien tiene que explicar por qué», sentenció el legislador.
El pedido de interpelación exige que la cartera de Seguridad brinde detalles documentados sobre:
- El monto total efectivamente recaudado en los últimos años.
- El detalle de los fondos transferidos al sistema nacional.
- La suma que permanece sin ejecutar y el detalle de las cuentas donde se encuentran los fondos.
- Los organismos que intervinieron en la administración de dichos recursos.
- Las causas técnicas o administrativas que justifican las demoras denunciadas.
Desde el bloque impulsor advirtieron que la situación reviste una «extrema gravedad institucional», ya que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios constituye, en gran parte del territorio argentino, la única respuesta ante incendios, catástrofes y emergencias.
«El Estado no puede retener ni administrar discrecionalmente fondos que tienen una afectación legal específica. Lo que está en juego no es solo la transparencia, sino la capacidad de respuesta ante emergencias que afectan a millones de argentinos», enfatizó Araujo Hernández.
Finalmente, los legisladores hicieron un llamado a las demás fuerzas políticas del Congreso para acompañar esta medida, reafirmando que es deber del Poder Legislativo ejercer un control estricto para garantizar que los recursos destinados a quienes «arriesgan su vida todos los días» lleguen efectivamente a sus destinatarios.