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La citación al Jefe de Gabinete, Jorge Canals, ante la Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura provincial este jueves no es un simple trámite administrativo ni una cuestión de cortesía parlamentaria. Se trata, en rigor, de un examen de rendición de cuentas que llega tarde, en medio de una crisis carcelaria que exhibe fallas estructurales y un oscurantismo alarmante dentro del Gobierno provincial.
El caso de la brutal agresión sufrida el pasado 9 de mayo por Jonathan y Maxi Burgoa, junto a Pedro Jesús Flores, en la Unidad de Detención de Río Grande, ha dejado de ser un episodio de violencia intramuros para transformarse en un escándalo institucional de proporciones. Las versiones que señalan la existencia de una «zona liberada» y una posible connivencia entre agentes penitenciarios y un sector de la población penal ponen en jaque la capacidad del Ejecutivo para garantizar la integridad física de las personas que se encuentran bajo su custodia estatal.
Jorge Canals deberá explicar ante los legisladores qué medidas políticas se han tomado realmente desde el primer minuto. Hasta ahora, el silencio y la opacidad han sido la marca registrada del Gobierno frente a estos hechos. Resulta, por lo menos, cuestionable que ante una situación de tamaña gravedad, la respuesta institucional se limite a una citación reservada en la Legislatura, donde el acceso a la información pública —el derecho de la sociedad a saber qué sucede tras los muros del penal— quedará restringido por el carácter cerrado de la sesión.
La gravedad del escenario se evidencia en los propios hechos: la causa judicial avanza de oficio, impulsada por el fiscal Martín Bramati, porque el miedo que infunden los presuntos agresores —y la sospecha de complicidad jerárquica— es tan profundo que las propias víctimas no han logrado radicar una denuncia formal. Que tres personas agredidas salvajemente deban ser trasladadas de urgencia a Ushuaia para resguardar su integridad es, en sí mismo, un reconocimiento tácito del Estado sobre su incapacidad para controlar la seguridad dentro de la cárcel de Río Grande.
La jueza de Instrucción Cecilia Cataldo, quien mantiene el secreto de sumario, tiene en sus manos el desafío de desentrañar una red de violencia que involucra a 10 internos identificados por cámaras de seguridad. Pero la responsabilidad política recae, indudablemente, sobre el Jefe de Gabinete. La pregunta que flota en el ambiente y que Canals deberá responder sin evasivas es qué purgas internas se han ejecutado y qué cambios reales se han implementado para desactivar este esquema de poder paralelo dentro de la unidad de detención.
La sociedad fueguina necesita saber si el Ejecutivo es un actor que realmente busca el esclarecimiento o si, por el contrario, la gestión ha optado por el control de daños para evitar que la «bomba» de la crisis carcelaria termine de explotar en sus manos. La citación de este jueves debe ser el inicio de una verdadera rendición de cuentas. Lo que está en juego no es solo la reputación de una fuerza de seguridad, sino la vigencia del Estado de Derecho, que hoy, por acción u omisión, parece haber dejado de ejercer soberanía dentro de los pabellones de la provincia.