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Por Rosana Bertone
Hay una forma de hacer invisible el presente: no compararlo con nada. Hoy en Tierra del Fuego hay 6.000 personas sin trabajo y otras 5.000 subocupadas – uno de cada siete fueguinos que quiere trabajar no logra hacerlo plenamente.
El INDEC lo certifica: 7,5% de desocupación sobre la Población Económicamente Activa en el primer trimestre de 2026. Dicho en criollo: de cada 100 fueguinos que quieren y pueden trabajar, casi 8 no consiguen empleo. No es una abstracción. Son vecinos de Ushuaia y Río Grande que se levantan cada mañana sin tener adónde ir. Entre 2025 y 2026, Tierra del Fuego perdió 3.551 asalariados registrados en apenas un año — pasó de 36.291 a 32.740 trabajadores formales, una caída del 9,8% del empleo registrado en solo doce meses.
Casi uno de cada diez trabajadores formales fueguinos quedó afuera del sistema en doce meses. En el segundo trimestre de 2025, la desocupación había llegado al 8,3% de la PEA: el peor dato de la Patagonia y el más alto de la historia reciente provincial.
Nada de esto cayó del cielo. Es el resultado acumulado de decisiones políticas concretas: la apertura importadora que amenaza el régimen industrial fueguino, el freno de la obra pública nacional y la ausencia de una respuesta provincial a la altura del momento.
Cuando gobernamos la Provincia entre 2015 y 2019, el contexto nacional no era favorable: Macri recortaba transferencias, devaluaba el peso y destruía el mercado interno. Aun así, la tasa de desocupación sobre la PEA se mantuvo entre el 5,5% y el 6,9%.
La diferencia no fue suerte ni contexto: fue una decisión política de construir en lugar de administrar el deterioro y buscar culpables. Construimos 1.525 viviendas — 947 en Ushuaia, 503 en Río Grande, 75 en Tolhuin. Tendimos redes de gas en doce barrios populares. Ampliamos escuelas, levantamos centros de salud, instalamos fibra óptica. Todo eso con recursos provinciales propios, sin viento de cola nacional.
Esas 1.525 viviendas no son estadísticas frías, son familias que dejaron de vivir en condiciones precarias, trabajadores de la construcción que tuvieron empleo genuino, proveedores locales que vendieron, barrios que se urbanizaron. El efecto va mucho más allá del ladrillo: cada obra pública dinamiza al sector privado completo. Se contratan empresas constructoras fueguinas, se compran materiales en corralones locales, se emplean plomeros, electricistas, gasistas, transportistas.
Esos trabajadores, con sueldo en el bolsillo, consumen en el almacén del barrio, en la verdulería, en el comercio textil, en la farmacia. Es el círculo virtuoso que toda economía necesita y que solo el Estado puede activar cuando el mercado, por sí solo, no genera la escala suficiente: una obra pública no es un gasto, es una inversión que multiplica el empleo privado y reactiva el consumo en cadena. Cada red de gas tendida en la Margen Sur de Río Grande fue, al mismo tiempo, una decisión de inclusión social y una inyección directa de actividad económica real en la provincia. .
Como sostienen Acemoglu y Robinson, en su obra, “Porque fracasan los países”, las naciones y las regiones no prosperan por geografía ni por cultura: prosperan cuando construyen instituciones que distribuyen oportunidades en lugar de concentrarlas. Eso es lo que hicimos. Y los números lo avalan.
Lo que ocurre hoy es lo opuesto.
Gustavo Melella lleva más de seis años en el poder, desde 2019 como gobernador — y su explicación permanente es siempre la misma: la culpa es de otros, de la Nación, del ajuste, de Milei, del contexto internacional. Gobernador: nosotros también tuvimos un gobierno nacional adverso y no obstante ello elegimos otro camino. La diferencia entre un gobierno que enfrenta la adversidad con política pública y uno que se refugia en las excusas no es ideológica: es de vocación y de capacidad. La provincia tiene herramientas, tiene recursos, tiene margen. Lo que falta es decisión.
La «Comunidad Organizada» que nos enseñó Perón tiene una tesis que la coyuntura fueguina vuelve urgente: el desarrollo no es el resultado espontáneo del mercado, sino de una comunidad que se organiza políticamente para construir las condiciones de su propio bienestar. Las redes de gas no cayeron del cielo. Las viviendas no las construyó el sector privado por generosidad. Las desarrolló un Estado que decidió que esos barrios y esas familias importaban. Ese Estado no desapareció: se fue diluyendo en la inacción de una gestión que confunde administrar con gobernar, y ni siquiera administra bien.
Los fueguinos que hoy no consiguen trabajo no necesitan más excusas ni publicidad oficial. Necesitan un Estado provincial que decida que el empleo y la vivienda son prioridades, no variables de ajuste. Nosotros lo hicimos, los datos están a la vista. Compararlos con los actuales es un buen ejercicio para no volver a caer en la demagogia y la promesa fácil.