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La reciente amarra del buque petrolero «VS Promise» en el puerto de Ushuaia ha vuelto a poner de manifiesto la preocupante tendencia de cierta dirigencia política a priorizar el impacto mediático y la construcción de relatos por sobre la rigurosidad administrativa y la gestión institucional.
Lejos de constituir un episodio de vulneración a la soberanía nacional o una transgresión a la normativa vigente —tal como pretendieron instalar diversos sectores políticos y operadores mediáticos locales tras su arribo para tareas de aprovisionamiento—, los hechos demuestran que la embarcación operó en el territorio provincial con el consentimiento y la habilitación de las propias autoridades de la provincia de Tierra del Fuego.
Frente a la escalada de desinformación difundida tanto por dirigentes opositores como por sectores afines al gobierno provincial, quienes intentaron agitar fantasmas en torno a una supuesta agresión británica y una violación directa a la Ley Gaucho Rivero, el Ejecutivo nacional intervino para esclarecer los hechos. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, desmintió categóricamente las versiones que señalaban a la nave como un elemento extranjero no regulado. Ravier confirmó con precisión que el buque, portador de bandera de la Isla de Man, ingresó a la terminal portuaria fueguina tras haber cumplido tareas de carga de petróleo crudo en la monoboya operada por la firma Total Austral en la zona de Cullen, en el norte de la provincia.
De este modo, el funcionario nacional dejó en evidencia una inocultable contradicción institucional al señalar que el buque «venía de trabajar en Argentina» y que «venía de la propia provincia de Tierra del Fuego», enfatizando que la monoboya desde la cual cargó el petróleo se encuentra bajo rigurosa jurisdicción provincial y que fueron las propias autoridades fueguinas las que avalaron inicialmente la operación. Ravier profundizó en el análisis legal y recordó que la denominada Ley Gaucho Rivero no establece una prohibición general y absoluta para cualquier embarcación vinculada con el Reino Unido, sino que restringe de manera específica el acceso a aquellas naves relacionadas con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. Dado que el hidrocarburo transportado por el «VS Promise» fue extraído en territorio continental fueguino y no en las islas, dicha condición restrictiva no se configura, motivo por el cual «las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque». Desde Nación enfatizaron que «no hay ninguna pérdida de soberanía, no hay ningún riesgo para la Argentina», remarcando además que la actividad comercial dinamiza la economía local bajo una órbita que compete fundamentalmente a las autoridades provinciales.
A este diagnóstico se sumó la rigurosa perspectiva técnica aportada por el periodista y editor del portal especializado Agenda Malvinas, Daniel Guzmán. En declaraciones radiales en el programa Costo Político por Radio Provincia, Guzmán desarmó el manto de excepcionalidad con el que se intentó teñir la noticia, advirtiendo que la presencia de naves bajo pabellón británico o de territorios de ultramar no constituye una anomalía aislada en la Patagonia. Al respecto, el especialista develó: «Muchos, para no decir cientos, pero muchos, capaz que cerca de 100 en esos términos, son de bandera británica o de conveniencia. Banderas del Reino Unido o de los territorios de ultramar, como ahora denominan pomposamente para no decir colonias. Y de hecho que, por ejemplo, en el verano muchos de los cruceros vienen de Bahamas, y Bahamas es un paraíso fiscal aduanero libre de Gran Bretaña, lo mismo que este barco que viene de la Isla de Man, que es también otro paraíso fiscal, como Gibraltar, como es Malta y las propias Islas Malvinas».
Asimismo, Guzmán interpeló de manera directa la incoherencia discursiva del Ejecutivo fueguino al plantear un repudio selectivo según la locación del buque, advirtiendo con absoluta contundencia: «si el buque vino a Cullen y posteriormente vino a Ushuaia, y el Gobierno repudia la presencia en Ushuaia, con más razón la va a tener que repudiar en Cullen. Y en tal caso, si tiene competencia, negarle el amarre, la carga».
De este modo, el episodio del «VS Promise» trasciende el mero movimiento logístico de una embarcación petrolera para erigirse como un síntoma de las debilidades de la gestión política local. La utilización liviana y oportunista de una causa tan sensible para los argentinos como la Cuestión Malvinas, con el único fin de alimentar un relato construido sobre premisas falsas en las redes sociales, no hace más que exponer la peligrosa disociación entre los discursos declamativos de barricada y las responsabilidades administrativas reales que los propios gobiernos provinciales ejercen en el territorio.