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Ante las distintas interpretaciones que se han realizado sobre nuestro pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados de la Nación respecto del ingreso y permanencia de un buque petrolero de bandera británica en el Puerto de Ushuaia, consideramos necesario realizar algunas aclaraciones.
El pedido de informes fue presentado para que el Gobierno Nacional informe y explique las decisiones adoptadas en relación con el buque, teniendo en cuenta que el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo intervención y competencia nacional. Queremos saber qué organismos intervinieron, qué autorizaciones fueron otorgadas, quiénes participaron de esas decisiones y bajo qué criterios se permitió la operación de una embarcación de bandera británica en un puerto de enorme importancia estratégica para nuestro país. Esto, sin embargo, no implica de ninguna manera eximir de responsabilidades al Gobierno
de Tierra del Fuego.
Por el contrario, frente a la información que ha trascendido y a las propias explicaciones brindadas por el Gobierno Nacional, consideramos indispensable determinar también qué conocimiento y qué participación tuvo el Gobierno provincial en las instancias previas vinculadas con la operación del buque en jurisdicción provincial.
Si existieron autorizaciones, gestiones o comunicaciones de organismos provinciales vinculadas con la operación hidrocarburífera, esas actuaciones también deben ser explicadas y documentadas. No estamos dispuestos a que ninguna jurisdicción eluda las responsabilidades que le correspondan.
Nuestra posición es clara: no se trata de elegir entre responsabilizar a Nación o responsabilizar a Provincia. Se trata de determinar qué hizo cada uno, qué competencias tenía, qué sabía y qué decisiones tomó.
La situación adquiere una gravedad particular porque involucra a un buque de bandera británica y se produce en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una provincia directamente vinculada con la cuestión Malvinas y con la defensa de nuestros intereses soberanos en el Atlántico Sur.
Por eso entendemos que las explicaciones deben ser completas y transparentes. Si el Puerto de Ushuaia estaba bajo intervención nacional, el Gobierno Nacional debe explicar las decisiones adoptadas dentro de su ámbito de competencia. Y si existieron actuaciones previas del Gobierno de Tierra del Fuego vinculadas con la operación del buque, la Provincia también debe explicar qué autorizó, qué sabía y cuándo lo supo.
Nuestro pedido de informes tiene precisamente ese objetivo: conocer la totalidad de los hechos y establecer la cadena de responsabilidades, sin encubrir ni eximir a nadie. En materia de soberanía nacional no puede haber dobles discursos, omisiones ni responsabilidades diluidas. Cada funcionario y cada jurisdicción debe hacerse cargo de las decisiones que tomó.