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La trayectoria institucional de Tierra del Fuego vuelve a transitar un camino de retroceso, donde las experiencias previas parecen diluirse ante los intereses y especulaciones de los gobernantes actuales. Para analizar este fenómeno con objetividad, es necesario apartar cualquier valoración general sobre las administraciones de Fabiana Ríos y Rosana Bertone, centrando la mirada en un punto clave: la firmeza frente a la conducta gremial de Horacio Catena.
En mayo de 2013, durante la gestión de Fabiana Ríos, la provincia atravesó momentos de extrema tensión institucional a raíz de la toma de la Casa de Gobierno. Frente a las presiones de corporaciones sindicales, el proceso judicial siguió su curso hasta derivar en el juicio oral y público de diciembre de 2015.
Aquel proceso concluyó con la condena de Catena y otros 27 dirigentes por atentado contra la autoridad y lesiones leves. En consonancia con este fallo, Ríos rubricó el Decreto 3004/15 en los tramos finales de su mandato con el objetivo de exonerar a los responsables, un trámite que quedó temporalmente sujeto a las instancias de la tutela gremial.
Posteriormente, Rosana Bertone asumió la conducción del Ejecutivo con una postura ideológica diferente, pero manteniendo idéntica convicción republicana. Pese a las medidas de fuerza, acampes y protestas impulsadas por el SUTEF, Bertone sostuvo un prolongado litigio judicial hasta lograr la suspensión de los fueros sindicales y formalizar la exoneración definitiva mediante el Decreto 3274/17.
De este modo, a lo largo de doce años, dos administraciones con enfoques políticos contrapuestos coincidieron en un principio rector: evitar que las instituciones gubernamentales cedan ante la presión corporativa.
Este trayecto construido en favor de la seguridad jurídica y el orden institucional sufrió un quiebre con la asunción de Gustavo Melella. La actual administración optó por dejar de lado los antecedentes jurisprudenciales y el esfuerzo institucional previo.
El punto culminante de este cambio de rumbo se cristalizó en marzo de 2025 mediante la firma del Decreto 829/25, el cual dispuso la reincorporación de Catena a la planta permanente del sector docente provincial. Dicha medida fue rubricada por la vicegobernadora Mónica Urquiza en un contexto de ausencia del mandatario provincial, concretando así el retorno del exdirigente al ámbito estatal.
El contraste entre las gestiones anteriores y la actual evidencia una modificación sustancial en la defensa de las normas y el funcionamiento regular del Estado, marcando un retorno a esquemas de conflictividad que la provincia había procurado superar.