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Tras una ronda de consultas realizada por Agenda Malvinas a los integrantes de la Comisión Investigadora y al presidente de la Unión Malvinizadora, quedó en evidencia un denominador común político e institucional: con la única excepción de la legisladora Gisela Dos Santos, todos los referentes apuntaron directamente a la responsabilidad legal y política del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego por no haber ejecutado el desmantelamiento físico del radar de la empresa LeoLabs.
La consulta apuntó a desentrañar qué certezas y qué zonas grises dejó el testimonio del exministro de Defensa, Jorge Taiana, frente al polémico enclave instalado en la Estancia El Relincho. Del balance general se desprende una doble preocupación: la celeridad inusual con la que tramitó el circuito administrativo nacional, evadiendo los controles estratégicos de defensa exterior, y la latente conjetura de que el sensor podría continuar funcionando y enviando datos de forma encubierta.
Gisela Dos Santos, del Bloque Sumemos Tolhuin, señaló que el testimonio reafirmó principalmente la vulnerabilidad del sistema argentino ante el protocolo de instalación de una tecnología como esta, donde una Subsecretaría de Estado habilita su funcionamiento sin conocimiento de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, aportando elementos sustanciales para el análisis.
Matías Lapadula, del Bloque Provincia Grande, afirmó que hubo trámites sospechosamente veloces y que el Ejecutivo provincial debe responder por la falta de desarme. Además, remarcó que existieron culpas compartidas entre ambas jurisdicciones y controles que se pasaron por alto.
Pablo Villegas, del Bloque Movimiento Popular Fueguino y presidente de la Comisión, sostuvo que el exfuncionario reafirmó que es la Provincia la que debe instar el desarme del radar, por ser estrictamente de su competencia territorial, y advirtió sobre la incertidumbre de que la estructura siga operativa.
Natalia Gracianía, del Bloque La Libertad Avanza, fue categórica al manifestar que si LeoLabs hoy funciona es porque Tierra del Fuego no lo desarmó, aclarando que el Ministerio de Defensa carece de potestad legal para tomar dicha decisión por exceder sus competencias constitucionales.
Luciano Moreno Calderón, presidente de la Unión Malvinizadora, aseguró que existió una deliberada necesidad de omitir a Defensa en el camino administrativo y ratificó la responsabilidad del gobierno provincial tanto en la instalación inicial como en la permanencia del dispositivo de espionaje británico-estadounidense.
La inacción del Ejecutivo Provincial fijó en la administración fueguina la potestad y la falta de acción material para desmantelar la estructura. En cuanto a la operatividad latente, la advertencia técnica sobre la posibilidad de que el radar siga operando de manera remota eleva la urgencia de los peritajes de la CONAE. Finalmente, el bypass administrativo mediante la elusión de los organismos naturales de resguardo de la soberanía se consolida como el eje central de la investigación.
La actividad de la Comisión continuará este lunes 21 de septiembre con la interpelación al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Teniente General Juan Martín Paleo, por la mañana, y al extitular del ENACOM, Dr. Gustavo López, por la tarde.