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Araujo presentó un proyecto para impedir que puertos, aeropuertos, rutas, ferrocarriles y servicios logísticos nacionales sean utilizados para sostener actividades vinculadas con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo presentó un proyecto de ley para establecer un régimen específico de protección de la infraestructura y la conectividad argentina frente a operaciones que puedan facilitar, directa o indirectamente, actividades vinculadas con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
La iniciativa parte de una definición política concreta: la soberanía no se defiende solamente en los foros internacionales ni mediante declaraciones diplomáticas. También se defiende en el territorio, en los puertos, en los aeropuertos, en las rutas, en los servicios y en las decisiones que toma el Estado argentino sobre sus propias capacidades.
“No alcanza con decir que las Malvinas son argentinas si, al mismo tiempo, permitimos que capacidades e infraestructura de nuestro propio país sean utilizadas para sostener actividades económicas y logísticas vinculadas con la ocupación”, plantea Araujo en los fundamentos del proyecto.
La propuesta cobra especial relevancia frente a la transformación que atraviesa actualmente el Atlántico Sur y al avance de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las Islas. El desarrollo de una industria offshore no requiere solamente plataformas y pozos: necesita buques, combustible, repuestos, transporte, servicios técnicos, almacenamiento, puertos, aeropuertos y una red permanente de proveedores y conexiones logísticas.
“Detrás de cada proyecto económico existe una infraestructura que lo hace posible. Por eso, la conectividad con Malvinas no puede ser mirada como un asunto comercial aislado: cuando contribuye a consolidar una estructura económica sobre un territorio cuya soberanía reivindica la Argentina, adquiere una dimensión estratégica”, sostiene el diputado.
El proyecto propone que ninguna infraestructura, instalación, vía de comunicación, servicio, permiso o autorización sometida a jurisdicción argentina pueda utilizarse para facilitar operaciones de transporte, abastecimiento, asistencia o conexión con las Islas sin autorización expresa de la autoridad nacional competente. El régimen alcanza tanto las operaciones directas como aquellas cadenas logísticas indirectas que permitan razonablemente determinar una vinculación con las Islas.
La iniciativa incorpora además una mirada preventiva y multimodal: contempla transporte marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario y multimodal, además de cargas, pasajeros, transbordos, almacenamiento, distribución, intermediación logística, suministro de combustibles y servicios portuarios y aeroportuarios.
Para Araujo, el objetivo no es cerrar las puertas de la Argentina al comercio internacional ni establecer restricciones sobre actividades desarrolladas exclusivamente en otros países. La cuestión es otra: determinar bajo qué condiciones puede utilizarse el territorio, la infraestructura y los servicios argentinos cuando están involucrados intereses soberanos fundamentales.
El proyecto prevé excepciones para situaciones humanitarias, sanitarias, científicas, de búsqueda y salvamento, emergencias, seguridad de la navegación o de la aviación y otros casos de interés nacional. También crea un registro específico y establece mecanismos de autorización, fiscalización y sanción.
“La Argentina necesita pasar de una posición meramente reactiva a una política preventiva. No debemos esperar a que un corredor logístico se consolide para discutir sus consecuencias. Debemos establecer ahora las reglas sobre el uso de nuestras propias capacidades nacionales”, sostiene Araujo.
La iniciativa busca así incorporar una dimensión concreta a la política de Estado sobre Malvinas: que la infraestructura argentina esté al servicio de los intereses nacionales y no se transforme, sin autorización del Estado, en una plataforma para consolidar actividades económicas y logísticas en los territorios cuya soberanía la República Argentina reivindica.
“Malvinas es una causa nacional permanente. Defenderla exige diplomacia y derecho,
pero también capacidad estatal, control de nuestros recursos y una visión estratégica del
Atlántico Sur”, concluye el diputado nacional Jorge “Koky” Araujo.