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El mandatario formalizó su dimisión este miércoles en medio de una profunda convulsión política y social desatada por la intervención de la entidad financiera. La medida drástica del Banco Central dejó congelados los fondos de cerca de tres millones de ahorristas y miles de millones en recursos estatales. Tras el aval unánime de Diputados al juicio político y el giro de la cúpula partidaria oficialista, el Senado sesiona este miércoles para definir los pasos institucionales y el futuro político del país.
El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, anunció este miércoles su renuncia irrevocable al cargo en medio de una crisis sin precedentes motivada por la intervención y disolución de Ueno Bank, y pocos momentos antes de que el Congreso Nacional debatiera formalmente un pedido de destitución en su contra.
A través de un mensaje grabado y difundido en su cuenta oficial de la red social X, Peña afirmó que su salida busca preservar «la estabilidad», «la paz social» y la vigencia de las instituciones democráticas en el país guaraní. «Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay», expresó el ahora exmandatario, al tiempo que pidió disculpas a la ciudadanía por los acontecimientos que fracturaron la confianza pública.
El eje central de su dimisión estuvo puesto en el drama de los ahorristas afectados. «Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero», manifestó, reclamando de manera enérgica que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución íntegra de los recursos y la total protección de los fondos públicos comprometidos en la maniobra.
El quiebre político y el aval del Partido Colorado
La caída de Peña se precipitó tras un dominó político implacable. Diputados de la oposición y de sectores disidentes del oficialismo presentaron un libelo acusatorio amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que cosechó 35 firmas y exigió la convocatoria a una sesión extraordinaria de urgencia.
Para que la acusación avanzara hacia la Cámara Alta —donde se requerían 30 votos de los 45 senadores para ejecutar la destitución—, el golpe de gracia lo dio Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Mediante un contundente comunicado, Cartes confirmó que el poderoso Partido Colorado acompañaría el juicio político.
«Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado», escribió Cartes, distanciándose de quien fuera su propio protegido político desde las elecciones de 2023. Ante esta jugada, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad avanzar con el proceso, dejando al Ejecutivo sin margen de maniobra.
El colapso financiero: intervención, protestas y ley de emergencia
La tormenta se desató el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución fulminante de Ueno Bank al constatar que su índice de solvencia se había derrumbado a menos de la mitad del mínimo legal exigido por el sistema.
La gravedad de la situación radica en que la entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes —en un país de 6,1 millones de habitantes— y administraba entre 800 y 850 millones de dólares en recursos públicos, incluyendo los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS). Tras el anuncio, las inmediaciones del banco en Asunción se poblaron de largas filas de ahorristas indignados y protestas nocturnas que escalaron la tensión social.
Como respuesta de contención, el Congreso aprobó en tiempo récord una ley de emergencia que el propio Peña promulgó de urgencia este miércoles. La normativa establece un anticipo excepcional del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), permitiendo que cada depositante reciba hasta 40 salarios mínimos mensuales —equivalentes a unos 121,7 millones de guaraníes, o cerca de 19.787 dólares— en un plazo máximo de cinco días hábiles. En paralelo, el Ejecutivo designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, un nombramiento pendiente de ratificación parlamentaria.
Judicialización y pedido de prisión para los fundadores
En el plano judicial, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción desató una causa penal de gran envergadura que salpica a la cúpula corporativa. El Ministerio Público imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras detectadas entre 2025 y 2026, período en el cual se otorgaron préstamos hiperlaxos y sobregiros millonarios a empresas del mismo grupo económico, infringiendo los parámetros elementales de evaluación de riesgo crediticio.
El mayor accionista y uno de los fundadores del banco, Miguel Vásquez, debió comparecer junto a otros siete directivos ante las autoridades judiciales. Tras la indagatoria, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos. Los acusados fueron trasladados por las fuerzas de seguridad con chalecos antibalas y rostros cubiertos, en medio de los abucheos y la furia de los manifestantes congregados a las puertas de la sede fiscal.
Con el Senado convocado para definir los próximos pasos institucionales, Paraguay transrama horas decisivas para encauzar una crisis que combina un colapso financiero sistémico con un terremoto político de escala histórica.