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Mientras la provincia de Tierra del Fuego atraviesa una profunda crisis económica y financiera, la Agencia de Innovación, flamante creación del gobernador Gustavo Melella en su segundo mandato y bajo la dirección de Analía Cubino, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. La controversia se agudiza por la continua expansión de su planta de personal, un hecho que genera indignación entre los ciudadanos, especialmente al conocerse algunos de los apellidos involucrados en las recientes designaciones.
La percepción general es que la delicada situación económica provincial no ha sido un impedimento para que esta agencia siga sumando cargos, y lo que es más llamativo, otorgándolos a personas con vínculos familiares o con lazos con figuras políticas reconocidas.
La gestión de Cubino al frente de la Agencia de Innovación ya arrastra un historial de cuestionamientos. Semanas atrás, trascendió un viaje de la funcionaria a China, acompañada de un considerable número de asesores. Sin embargo, los motivos de esta comisión gubernamental al gigante asiático y los resultados de la misma, permanecen en un halo de misterio, sin que se haya brindado información oficial que justifique el despliegue.
Previo a este viaje, la propia Cubino había habilitado la designación de Azariel Castillo, hijo de la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, en un alto cargo como subsecretario de Gestión Institucional. Esta decisión, en su momento, también levantó sospechas sobre la transparencia en las designaciones dentro de la órbita de la Agencia.
Los números detrás de la Agencia de Innovación son elocuentes y profundizan el debate. Para el corriente año, el organismo maneja recursos cuantiosos, superando los $13.896 millones en total. De esa cifra, la friolera de $8.552.599.391,20 está destinada exclusivamente a la contratación de personal, lo que plantea serios interrogantes sobre la eficiencia del gasto público en un contexto de austeridad y necesidades urgentes en otras áreas.
La ciudadanía fueguina demanda respuestas claras sobre la funcionalidad y el impacto real de estas designaciones y de la propia Agencia de Innovación, en un momento donde cada peso del erario público debería ser administrado con la máxima responsabilidad y transparencia.