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La derrota electoral de Javier Milei no puede ser analizada con una mirada superficial, atribuyéndola únicamente a fallos políticos o a una comunicación deficiente. El voto de castigo que recibió el oficialismo es el resultado de una confluencia de factores mucho más profundos, que operan en la vida cotidiana de millones de argentinos. Se trata de un rechazo visceral que surge de la combinación letal entre una microeconomía que asfixia y un enojo social que ha llegado a un punto de ebullición insostenible.
El pilar de la gestión gubernamental, la supuesta estabilización inflacionaria, se ha desmoronado para la inmensa mayoría de la población. Los indicadores macroeconómicos pueden mostrar ciertas mejoras, pero la realidad en la calle es otra. La microeconomía, aquella que define si el salario alcanza a fin de mes, está lejos de recuperarse. Los salarios están estancados o crecen en porcentajes muy por debajo de la inflación real, mientras que los precios de los alimentos de la canasta básica se disparan sin control. A esto se suman los aumentos desmesurados en servicios públicos esenciales como el gas, la luz y el agua, el encarecimiento del transporte, el aumento en los combustibles y el costo de los alquileres.
La brecha entre lo que se gana y lo que se gasta se agranda día a día, pulverizando el poder adquisitivo de las familias y creando una sensación de abandono total. La gente siente que ha sido arrojada a las fauces del mercado sin una red de contención, sin protección estatal que la defienda de los abusos. La dramática situación social, que a fines de 2023 se percibía como una tragedia, hoy se ha convertido en una arena movediza que sigue tragándose los sueños y las esperanzas de la gente, sin que se vislumbre una salida.
A la desesperación económica se añade una profunda indignación social. La imagen presidencial, que alguna vez gozó de un respaldo masivo, se ha visto manchada por graves escándalos de corrupción y supuestas estafas. Sin embargo, el punto de quiebre que desató el enojo popular fueron los audios que ventilaron la presunta corrupción en el área de discapacidad. El gobierno ha manejado la crisis de manera desastrosa. Su silencio inicial solo alimentó las sospechas, y la posterior respuesta, que incluyó ataques al periodismo con teorías de conspiración chino-rusas, solo sirvió para aumentar la desconfianza. El maltrato a la prensa, sumado a los escándalos, actuó como el fuego que mantiene el enojo en constante hervor, a pesar de los intentos del gobierno de desviar la atención.
La falta de empatía es otro factor crucial en esta derrota. El desprecio hacia sectores ajustados como los jubilados, personas con discapacidad, científicos y universitarios es evidente y ha alimentado aún más la bronca popular. La gente ve que su sacrificio no rinde frutos y que, mientras se les exige más ajuste, aparecen indicios de que «no hay plata» es una consigna que solo aplica para ellos, no para quienes están en el poder. El maltrato al personal del Hospital Garrahan, a los residentes y a los médicos en general, fue la gota que colmó el vaso. En un contexto de destrucción de la salud pública y liberación de los aumentos en las obras sociales, la gente se siente desamparada, sin un lugar donde buscar ayuda. Este sentimiento de abandono, sumado al desprecio hacia quienes cuidan de la población, se traduce en un voto de castigo contundente.
La derrota no fue simplemente un revés político, sino la expresión de un voto de castigo masivo que evidencia el fracaso de una gestión que ha mostrado una pésima administración, falta de empatía y un abandono social que ha llegado al límite. El presidente puede decir que falló en lo político, pero el problema es mucho más grave: la gente siente que no hay un alivio económico y que la corrupción sigue presente. Hoy, la gestión de Milei se encuentra en sus horas más desafiantes, y las primeras señales, tras el resultado electoral, no son nada alentadoras, augurando un futuro incierto para el proyecto libertario.