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La senadora nacional por Tierra del Fuego AIAS, Cristina López, presentó formalmente un proyecto de declaración ante el Congreso de la Nación para expresar su «preocupación y enérgico repudio» a la Resolución N° 489/2025 emitida por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación. La legisladora de Fuerza Patria considera que esta medida constituye un «golpe directo a la matriz productiva de Tierra del Fuego y una amenaza para sostener los puestos de trabajo» en la provincia.
La mencionada normativa reduce el porcentaje de partes de contenido nacional requerido para la fabricación de teléfonos celulares del 70% al 30%, lo que, según la denuncia de la senadora, «habilita el ingreso al país de dispositivos prácticamente terminados». López afirmó que esta acción «equivale a reemplazar trabajo argentino por trabajo importado», desvirtuando el espíritu de la Ley 19.640, cuyo objetivo central es sostener la producción y el empleo en la provincia.
En el cuerpo del proyecto, la senadora López aseveró que la resolución «desarma la industria y castiga a Tierra del Fuego» al disminuir el valor agregado nacional, abrir la puerta a líneas de producción con mínima actividad y poner en riesgo la estabilidad laboral de cientos de familias fueguinas. La legisladora remarcó las consecuencias inmediatas y graves de la medida, señalando la pérdida potencial de al menos 400 puestos de trabajo, el riesgo de cierre de líneas de producción, una consecuente caída en la actividad económica provincial y un impacto directo en el arraigo poblacional en el extremo sur del país.
López contextualizó esta resolución en un rumbo económico nacional que, a su juicio, «ataca el federalismo». Recordó que esta disposición se suma al Decreto N° 333/2025, que previamente había reducido drásticamente los aranceles de importación de productos electrónicos. La senadora criticó la falta de diálogo y de una mirada federal en la toma de estas decisiones, sosteniendo que la incertidumbre laboral ha aumentado en los hogares fueguinos.
Finalmente, la senadora subrayó que «atacar la industria fueguina es atacar la soberanía». Afirmó que debilitar el subrégimen industrial es una cuestión estratégica, ya que debilita las herramientas para sostener población, industria y la presencia soberana en una región geopolíticamente clave. Concluyó ratificando su compromiso de «defender una política de Estado que sostuvo empleo, desarrollo y soberanía durante más de cincuenta años» en la provincia.