admin 
Tras la obtención del dictamen para el Presupuesto 2026 en la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo Nacional ha definido una nueva estrategia que desiste de la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Esta decisión responde a la necesidad de viabilizar la sanción de la Ley de Leyes en el Congreso, manteniendo como eje central la premisa del equilibrio fiscal y el déficit cero. Según fuentes oficiales, la propuesta actual representa un esfuerzo económico considerable que busca conciliar las demandas sociales con la estabilidad macroeconómica.
En lo que respecta a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno mantendrá la normativa vigente pero establecerá que las pensiones no contributivas representen el setenta por ciento del haber mínimo jubilatorio, ajustándose según el ordenamiento jurídico de movilidad previsional. Se ha dispuesto además que esta pensión sea compatible con el empleo formal, siempre que la remuneración del beneficiario no exceda los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Respecto a la compensación de emergencia retroactiva, la actualización se calculará sobre los aranceles vigentes a diciembre de 2024 y la variación del Índice de Precios al Consumidor, bajo un mecanismo de ajuste trimestral coordinado entre el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Complementariamente, el Ejecutivo impulsará una profundización en los procedimientos de auditoría de las pensiones actuales para agilizar la baja de aquellas que presenten irregularidades. En esta misma línea, se ha descartado la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, con el objetivo de evitar una ampliación desproporcionada de los beneficiarios y preservar el régimen vigente sin los nuevos requisitos que el proyecto original pretendía incorporar.
En materia de Educación Universitaria, la administración central propone un incremento del veinte por ciento en los gastos de funcionamiento respecto a los créditos asignados para el ejercicio 2025. Para la actualización salarial docente y no docente, se sugiere un esquema escalonado que inicia con un cinco por ciento en diciembre de 2025, seguido de cuatro incrementos del dos por ciento entre enero y abril de 2026. Asimismo, se establece junio de 2026 como el periodo clave para evaluar compensaciones adicionales por inflación y se ratifica el reconocimiento del aumento previsto en las becas estudiantiles.
Finalmente, el Gobierno nacional ha incluido en las negociaciones presupuestarias las adecuaciones necesarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires. Esta resolución, alcanzada tras reuniones entre el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gobierno porteña, se integra al capítulo XI del proyecto de ley. Con estas modificaciones, el oficialismo busca flexibilizar la negociación con los gobernadores y los bloques aliados para garantizar que el Presupuesto 2026 sea aprobado definitivamente durante el mes de diciembre.