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En el marco de las políticas de desregulación económica impulsadas por el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dictó las Disposiciones 10/2026 y 11/2026, mediante las cuales se establece el marco normativo definitivo para que ciudadanos particulares puedan importar y patentar vehículos 0km de forma directa, sin necesidad de intermediarios o importadores tradicionales. Estas medidas reglamentan el uso del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), un documento que se vuelve fundamental para simplificar la adquisición individual de automóviles en el exterior y que reemplaza de manera efectiva a las anteriores Licencias para Configuración de Modelo (LCM) y de Configuración Ambiental (LCA).
La nueva normativa estipula que el CSV será un requisito exigible para los vehículos de pasajeros pertenecientes a la categoría M1 y para los vehículos comerciales livianos de la categoría N1, con un peso bruto total de hasta 3.500 kg. Asimismo, la medida alcanza a unidades nacionalizadas bajo regímenes especiales o vehículos decomisados que carezcan de las licencias tradicionales. Para la obtención del informe técnico necesario para el CSV, los usuarios podrán recurrir a talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) debidamente equipados y registrados ante la Secretaría de Transporte, o bien a ingenieros matriculados que podrán certificar las condiciones de seguridad mediante declaración jurada.
En cuanto al esquema de costos, la reglamentación introduce un sistema de aranceles expresados en módulos, diseñados para incentivar el uso personal y desalentar la actividad comercial recurrente por parte de particulares. El primer certificado tramitado por un titular dentro de un período de doce meses tendrá un valor aproximado de $100.000 (20.000 módulos). Sin embargo, para cualquier trámite subsiguiente realizado por la misma persona en ese lapso, el costo se elevará a unos $500.000 (100.000 módulos). Por su parte, los vehículos usados importados y los remolques o trailers de menor porte también cuentan con valores actualizados que oscilan entre los $50.000 y los $80.000 según su categoría.
Esta reforma no solo agiliza el ingreso de unidades terminadas, sino que también impacta en el mercado de repuestos al eliminar la obligatoriedad del Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS), facilitando así la comercialización de autopartes. Al respecto, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se destacó que la creación del CSV elimina las barreras normativas e impositivas que históricamente bloquearon la importación en baja escala, promoviendo una mayor diversidad de modelos y una competencia más abierta en el mercado automotriz nacional, con el fin último de liberar al ciudadano de las restricciones de los canales oficiales.