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En una definición política de alto impacto, la Legislatura de Tierra del Fuego resolvió dejar sin efecto la ley que habilitaba el proceso de reforma de la Constitución Provincial. La medida fue respaldada por una mayoría contundente de 11 sobre 15 legisladores, evidenciando un consenso que superó las barreras partidarias y priorizó la agenda de emergencia social por sobre la reforma política.
El dato político más relevante fue la conformación de una mayoría transversal que incluyó a representantes de bloques históricamente enfrentados. Los legisladores que votaron a favor de la derogación fueron: Jorge Lechman (Somos Fueguinos), Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos), Natalia Gracianía (La Libertad Avanza), Agustín Coto (La Libertad Avanza), Damián Löffler (Movimiento Popular Fueguino), Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino), Victoria Vuoto (PJ), Tomás García (PJ), Laura Colazo (Partido Verde), Matías Lapadula (Provincia Grande) y Gisela Dos Santos (Somos Fueguinos).
Por su parte, el oficialismo quedó en una marcada minoría con solo 4 votos en contra de la derogación, correspondientes a los legisladores del bloque de FORJA: Federico Greve, Mónica Acosta, Federico Sciurano y Myriam Martínez, quienes alinearon su postura con la intención del gobernador Gustavo Melella de sostener el proceso constituyente.
El eje central que ordenó esta votación fue la determinación de que la reforma constitucional no representa una prioridad ante el aumento del desempleo, las cuentas públicas en rojo y la crisis de los servicios básicos. Este giro legislativo incluyó el cambio de postura de varios parlamentarios que, si bien habían acompañado la iniciativa en 2023, hoy consideran imperativo postergar la agenda electoral para atender lo urgente.
Respecto al estado del proceso, se aclaró que no existía una «puesta en marcha» efectiva al momento de la sesión. Si bien el Ejecutivo firmó el decreto de convocatoria 24 horas antes, la ley de procedimiento establece que el mismo rige recién al octavo día hábil de su publicación, plazo que no se había cumplido. Ante el anuncio del Gobernador sobre un inminente veto, la solidez de los 11 votos opositores sugiere que la Legislatura cuenta con el número necesario para ratificar la derogación, dejando al oficialismo sin margen de maniobra parlamentaria para revertir la decisión.