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La provincia de Tierra del Fuego atraviesa una de las crisis institucionales más agudas de su historia reciente. Tras una sesión maratónica y accidentada que culminó en la madrugada del 1° de mayo, la Legislatura provincial aprobó la derogación de la ley que habilitaba el proceso de reforma parcial de la Constitución. Sin embargo, el conflicto lejos de cerrarse sumó un nuevo capítulo: el gobernador Gustavo Melella confirmó que vetará la medida, sosteniendo que la convocatoria a elecciones para el próximo 9 de agosto sigue plenamente vigente.
El quiebre se produjo minutos antes de las 4 AM, luego de una jornada que comenzó el jueves y estuvo marcada por interrupciones, negociaciones cruzadas y un fuerte clima de tensión. Con una mayoría especial de 11 votos, sectores de la oposición —que incluyeron al peronismo de Ushuaia, La Libertad Avanza y el Movimiento Popular Fueguino— lograron imponerse sobre los cuatro votos del oficialismo.
Esta votación no solo dejó sin efecto una norma aprobada por el propio cuerpo en 2023, sino que cristalizó la ruptura de alianzas entre el Ejecutivo provincial y sectores territoriales, principalmente el peronismo de la capital. Desde el oficialismo denunciaron que la maniobra responde estrictamente a intereses políticos y al intento de ciertos sectores de perpetuar privilegios.
Desde el entorno de Melella sostienen que el proceso constituyente ya ha superado su etapa de habilitación y se encuentra en fase de ejecución. Los argumentos del Gobierno se apoyan en tres ejes centrales:
- Validación judicial: El proceso ya fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia.
- Irreversibilidad: Juristas y constitucionalistas advierten que la ley de convocatoria «se agota en su función habilitante». Una vez puesto en marcha el cronograma electoral, la norma no podría ser derogada de manera unilateral sin incurrir en una nulidad absoluta.
- Contenido de la reforma: El oficialismo defiende que el proyecto busca modernizar el Estado, limitar las reelecciones indefinidas y eliminar cargos vitalicios, como es el caso de figuras que llevan casi tres décadas en sus bancas.
Especialistas en Derecho Constitucional señalan que el caso fueguino no tiene antecedentes en la historia argentina. Es la primera vez que se intenta frenar un proceso electoral abierto y obligatorio en dos instancias consecutivas: primero mediante una judicialización que dilató los plazos, y ahora a través de una vía legislativa de madrugada.
Este escenario coloca a las instituciones provinciales en una zona gris. Mientras el Gobernador avanza con el veto para sostener las urnas el 9 de agosto, la Legislatura mantiene la potestad de insistir con la derogación.
La resolución del conflicto parece destinada, inevitablemente, a los tribunales. Si la Legislatura insiste con la ley de derogación, se configurará un conflicto de poderes que el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver en tiempo récord, dada la cercanía de la fecha electoral.
Por el momento, la incertidumbre reina en el electorado y la dirigencia. Lo que comenzó como un proyecto de modernización institucional ha derivado en una disputa de poder total que pone a prueba la resistencia de la Constitución provincial y la estabilidad de los vínculos políticos en el Fin del Mundo.