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El escenario político en Tierra del Fuego atraviesa una etapa de máxima tensión debido a la decisión del gobernador Gustavo Melella de avanzar en la provincialización del Impuesto Inmobiliario, una medida que ha reactivado un conflicto de poderes con las intendencias y el Poder Legislativo. La estrategia del Ejecutivo provincial consiste en ligar la recaudación de este tributo, históricamente de órbita municipal, al financiamiento de una nueva ley educativa impulsada en conjunto con el sector gremial docente.
Esta maniobra es señalada como una operación de manipulación ética que utiliza una causa sensible como la educación para justificar lo que diversos sectores consideran un despojo financiero hacia los municipios, forzando a los intendentes a elegir entre la defensa de su autonomía económica o quedar posicionados ante la opinión pública como opositores al fortalecimiento del sistema escolar.
Detrás de la argumentación sobre la prioridad educativa subyace una estrategia de asfixia institucional que busca consolidar un sistema de transferencias directas bajo el control del gobierno central. La alianza táctica entre el mandatario y la dirigencia gremial sugiere que el objetivo primordial no es la excelencia académica ni la mejora de la infraestructura, sino la obtención de una caja millonaria que funcione como herramienta de presión política.
El método elegido para llevar adelante esta agenda no ha sido el consenso ni el diálogo institucional, sino la confrontación directa y la apertura de múltiples frentes de batalla judiciales y legislativos, lo que alimenta un clima de inestabilidad política y aleja cualquier posibilidad de concordia entre las distintas jurisdicciones de la provincia.
Un aspecto central de la actual disputa es la marcada contradicción histórica en la postura del gobernador. En el año 2016, cuando Melella se desempeñaba como intendente de Río Grande, lideró las acciones judiciales y las protestas sociales en contra de la gestión de Rosana Bertone, quien intentaba aplicar la misma centralización tributaria que hoy se impulsa desde el Ejecutivo.
En aquel entonces, el actual gobernador denunciaba estas intenciones como un avasallamiento y un atropello a las instituciones locales, argumentando que el Impuesto Inmobiliario era una potestad constitucional de las ciudades. Hoy, amparado en un fallo de la Corte Suprema, utiliza el aparato estatal para ejecutar la medida que antes calificaba como una maniobra de asfixia electoralista, lo que sugiere que el interés real reside en la acumulación de poder y en convertir al despacho provincial en el árbitro único de los recursos fueguinos.
Esta avanzada sobre la autonomía municipal redefine la relación entre la provincia y las ciudades, estableciendo un modelo de centralismo fiscal donde los municipios pierden capacidad de gestión directa sobre su territorio y pasan a depender de la discrecionalidad del poder central. La volatilidad social y la incertidumbre administrativa generadas por esta «guerra de cajas» dejan a la ciudadanía como rehén de una disputa de facciones políticas en medio de un contexto económico frágil.
En lugar de priorizar la eficiencia del gasto o la paz social, la gestión provincial parece haber optado por el conflicto permanente como eje ordenador, transformando la política en un juego de suma cero donde el fortalecimiento del Ejecutivo se edifica sobre el debilitamiento de las administraciones locales y la erosión de la estabilidad institucional en Tierra del Fuego.
Fuente: Costo Político