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La legisladora Natalia Gracianía, integrante del bloque de La Libertad Avanza, presentó ante la Legislatura de Tierra del Fuego un proyecto de Ley (Asunto N° 191/26) con el objetivo de establecer la enseñanza obligatoria de la Causa Malvinas en los niveles primario y secundario de todos los establecimientos educativos, tanto de gestión pública como privada. La iniciativa, que ya fue girada a las comisiones de Educación Nº 4 y de Malvinas Nº 7, busca superar el enfoque histórico tradicional del conflicto de 1982 para integrar dimensiones geopolíticas, económicas y estratégicas del Atlántico Sur.
En los fundamentos de la propuesta, la parlamentaria advierte que el tratamiento actual de la temática suele ser insuficiente o fragmentado, por lo que considera indispensable dotar a los estudiantes de herramientas que permitan comprender la importancia del Atlántico Sur para el desarrollo nacional. Según expresó Gracianía, la educación es la herramienta fundamental para la construcción de la identidad nacional y la conciencia soberana, especialmente en un contexto internacional donde el control de los recursos naturales y los espacios estratégicos resultan vitales para el futuro del país.
La normativa establece ejes temáticos mínimos para el análisis, tales como los antecedentes diplomáticos, la perspectiva bicontinental y la política exterior argentina. Asimismo, el texto pone un énfasis particular en el rol estratégico de la provincia y la relevancia de Río Grande como Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa Gesta de Malvinas. Para fortalecer este aprendizaje, el sistema educativo deberá fomentar la participación directa de los Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) en las propuestas pedagógicas, integrando el testimonio vivo de los protagonistas.
El Ministerio de Educación provincial actuará como autoridad de aplicación, siendo responsable de adecuar los diseños curriculares y garantizar la capacitación docente de manera continua y gratuita. Finalmente, el proyecto aclara que la implementación de esta medida, en caso de ser sancionada, se llevará a cabo con los presupuestos vigentes, sin demandar la creación de nuevas estructuras administrativas ni partidas específicas adicionales, garantizando así la sostenibilidad y eficiencia del plan.