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La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) oficializó la contratación directa de un inmueble de 1.200 metros cuadrados sobre la calle Ramón Barrios. El organismo comenzará a operar en el nuevo espacio el próximo 8 de julio.
La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) ha concretado la locación de un importante complejo edilicio en la ciudad de Ushuaia, con el objetivo de reestructurar y concentrar sus dependencias administrativas en la capital provincial.
Según se informó oficialmente, el organismo público ha optado por la modalidad de contratación directa para acceder a un inmueble ubicado en la calle Ramón Barrios. La propiedad dispone de una superficie total de 1.200 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en un complejo de 19 unidades funcionales, las cuales serán destinadas íntegramente a las oficinas administrativas del ente recaudador.
El gasto autorizado por el Estado provincial para afrontar el primer año de contrato asciende a la suma de $261.600.000. Según el cronograma establecido, la AREF tomará posesión efectiva de las instalaciones y dará inicio a sus actividades en el nuevo espacio el próximo 8 de julio.
El contrato tiene una vigencia inicial de 12 meses. No obstante, el documento suscrito establece que el canon locativo no permanecerá estático: se han previsto actualizaciones de carácter trimestral, las cuales serán ajustadas de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL), un mecanismo que vincula el valor del alquiler a las variaciones inflacionarias y los salarios.
Desde la administración provincial, se fundamentó la decisión de avanzar mediante la adjudicación directa en la necesidad de agrupar las dependencias dispersas del organismo. El edificio seleccionado cumple con los requerimientos técnicos y de espacio necesarios para albergar tanto al personal administrativo como las áreas de atención al público.
Esta operación representa un movimiento significativo de recursos del Estado provincial hacia el mercado inmobiliario local, bajo un esquema que busca garantizar la infraestructura para la prestación de servicios públicos mediante una política de actualización constante del canon arrendatario.