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En el marco de la reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia Nº 6 de la Legislatura provincial, los parlamentarios que la integran solicitaron formalmente al ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, información detallada sobre los sucesos ocurridos recientemente en la Unidad de Detención Nº 1 de la ciudad de Río Grande.
Si bien el funcionario provincial había sido convocado para exponer presencialmente ante los legisladores, no pudo asistir debido a compromisos previos de agenda. No obstante, desde la Comisión ratificaron que el cuerpo avanzará de todas formas en la búsqueda de precisiones sobre lo acontecido.
La legisladora Natalia Gracianía, quien preside la Comisión, explicó que la convocatoria tenía como objetivo que el Ministerio brinde explicaciones sobre las actuaciones administrativas iniciadas a partir de los incidentes, los cuales han tomado estado público a través de diversos medios de comunicación.
“Lo convocamos para interiorizarnos acerca de los incidentes ocurridos en Río Grande, hechos que son de público conocimiento. Nos pareció pertinente que el Ministro nos explique qué actuaciones se llevaron adelante”, señaló la parlamentaria.
En cuanto a la gravedad de lo sucedido, Gracianía fue contundente al calificar como “muy graves” las denuncias que trascendieron en los últimos días. “Frente a esto, entendíamos que la máxima autoridad en seguridad en la Provincia tenía que informarnos cuáles son las medidas disciplinarias que se tomaron al respecto”, especificó la legisladora.
Avances en el Comité contra la Tortura
Además de lo sucedido en la unidad carcelaria, la Comisión informó sobre los avances en el proceso de conformación del registro de entidades calificadas para integrar el Comité contra la tortura y otros tratos crueles, en cumplimiento de la Ley Provincial Nº 857.
Gracianía confirmó que la etapa de convocatoria cerró el pasado 22 de junio. “La semana próxima comenzaremos con las entrevistas a los referentes de las ONG que se presentaron”, adelantó. Según indicó la legisladora, se trata de organizaciones que cuentan con una trayectoria comprobable en la defensa de los derechos humanos, requisito fundamental para formar parte de este órgano de control y vigilancia sobre las condiciones de detención en la provincia.