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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) abrió este martes sus audiencias en Hamburgo para tratar la solicitud de medidas provisionales presentada por la República Argentina con el fin de frenar la explotación petrolera unilateral en el proyecto Sea Lion, ubicado en la plataforma continental en disputa en las Islas Malvinas.
La primera jornada estuvo marcada por posturas frontalmente irreconciliables entre ambas delegaciones. En representación del Estado argentino, el embajador Mario Oyarzábal —director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente nacional— sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en un área sujeta a controversia de soberanía viola flagrantemente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y las resoluciones históricas de la ONU (2065 y 31/49).
Durante su exposición ante los 21 miembros del tribunal, Oyarzábal remarcó que la Argentina no busca que el TIDM resuelva la cuestión de fondo sobre la soberanía, sino que ordene obligaciones de protección y cese temporal mientras el caso se dirime en un tribunal arbitral. Asimismo, advirtió sobre los graves riesgos ambientales que implicaría un eventual derrame de hidrocarburos y cuestionó el argumento británico de la autodeterminación de los isleños sobre recursos que corresponden al conjunto de la plataforma continental en disputa.
Por su parte, la delegación británica, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, rechazó categóricamente la jurisdicción del tribunal y calificó las medidas solicitadas por la Argentina como una iniciativa de «consecuencias devastadoras» para el desarrollo económico de los habitantes de las islas. Reeves argumentó que los isleños poseen el derecho de explotar sus recursos naturales y sostuvo que la Argentina no ha demostrado la urgencia requerida para justificar la intervención del TIDM.
La delegación argentina en Alemania se encuentra integrada por destacados funcionarios y expertos en derecho internacional, entre ellos la secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzabal; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca; el subprocurador del Tesoro, Santiago Castro Videla; y el reconocido asesor externo Marcelo Kohen, quien ya representara exitosamente al país en el diferendo por la fragata ARA Libertad.
Desde Buenos Aires, la estrategia jurídica y la robustez de la representación oficial generaron entusiasmo en el gabinete nacional, destacando el riguroso trabajo diplomático y técnico desplegado en defensa de los derechos soberanos sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
Las audiencias continuarán este miércoles con las réplicas y exposiciones complementarias de las partes. El procedimiento ante el TIDM se limita a evaluar medidas provisionales urgentes mientras se constituye formalmente el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar.
Se estima que la decisión del tribunal sobre la solicitud argentina podría darse a conocer hacia el viernes 13 de noviembre o durante la semana siguiente, marcando un hito en la controversia jurídica internacional en torno a los recursos hidrocarburíferos de la región.