admin 
El legislador Matías Lapadula ha presentado un proyecto de ley para auditar las compras que la Obra Social del Estado Fueguino (Osef) realizó al Laboratorio Suizo Argentina S.A. durante los últimos cuatro años. La iniciativa, que será debatida en la Legislatura, busca esclarecer el vertiginoso crecimiento de los negocios entre la empresa y la obra social, una situación que coincide con investigaciones por presuntas irregularidades que pesan sobre la misma firma a nivel nacional.
El pedido del legislador se fundamenta en un explosivo aumento en la facturación de la droguería Suizo Argentina con OSEF. Elvia Agüero, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aportó datos que ilustran la magnitud de la situación: el gasto en esta empresa se disparó de $19.700 en 2020 a casi $2.000 millones en 2024. Este pico de gastos se concentra en los últimos 20 meses, un período en el que se firmó un convenio que, en la práctica, eliminó la competencia.
Según Agüero, la falta de licitaciones públicas ha provocado que Osef pague medicamentos con sobreprecios de hasta el 1.500%. Durante este año, la obra social realizó una sola licitación de medicamentos, optando por la compra directa en casi todos los demás casos.
El proyecto de Lapadula busca una auditoría completa de los convenios y la compra de medicamentos, particularmente los de alto costo, para determinar si los precios pagados se ajustan a los valores de mercado. La controversia surge en torno a un acuerdo que, si bien prometía un 30% de descuento en medicamentos caros, ha sido señalado por críticos como el causante de una exclusividad de facto para Suizo Argentina S.A., eliminando la competencia y, consecuentemente, aumentando los precios.
El legislador Matías Lapadula subrayó la importancia de la iniciativa: “En un contexto de crisis sanitaria, la transparencia en las contrataciones de Osef no es solo una obligación legal, sino un acto de responsabilidad hacia todos los ciudadanos de Tierra del Fuego”.
La situación es aún más compleja al considerar que el laboratorio en cuestión también es investigado en otras provincias y a nivel federal debido a la multiplicación de sus contratos con el Estado, lo que genera serios interrogantes sobre los mecanismos utilizados para asegurar tales negocios.