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La medida de fuerza, que se extendió hasta las 18:30 horas, generó importantes demoras en el acceso a la ciudad, reavivando el debate sobre el impacto de la protesta gremial y la aplicación de los protocolos federales en Tierra del Fuego.
La jornada de ayer se vio marcada por la protesta impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Ushuaia), quienes concretaron un corte intermitente sobre un tramo de la Ruta Nacional N°3, arteria bajo jurisdicción federal, como respuesta al ofrecimiento salarial del 2% por parte del Ejecutivo provincial, una cifra considerada «irrisoria» por la conducción sindical tras la última reunión paritaria.
El bloqueo se mantuvo activo durante varias horas, provocando significativas demoras en la circulación de trabajadores, transportistas y vehículos particulares. La acción gremial, que concluyó recién a las 18:30 horas con el despeje total del tránsito, afectó gravemente la operatividad y la vida cotidiana de numerosos ciudadanos que dependen de esta vía, incluyendo empleados del sector privado, estudiantes y familias que no tienen relación directa con el conflicto.
Llamativamente, la protesta se desarrolló sin que se produjera intervención alguna por parte del Juzgado Federal de Ushuaia o de las fuerzas de seguridad nacional. La inacción de los organismos federales de seguridad, en una ruta nacional donde se encuentra vigente el protocolo antipiquetes, ha generado un profundo debate sobre la efectividad de dicha normativa en la provincia.
El malestar ciudadano se expresó también en redes sociales y medios de comunicación, donde numerosos usuarios y oyentes cuestionaron que un reclamo de estatales termine afectando el derecho a circular de la comunidad en general. Se reiteró, además, la crítica hacia la falta de representatividad de este tipo de acciones, al ser decididas por un grupo reducido sin consulta previa a las bases.
La protesta ocurrió pocos días después de las elecciones nacionales, en las que el mismo gremio había manifestado públicamente su respaldo a las listas del frente electoral «Fuerza Patria». Este rápido pasaje del apoyo electoral al enfrentamiento en la calle ha generado críticas sobre la coherencia del accionar sindical.
En paralelo, nuevamente se volvió a plantear la necesidad de privilegiar los canales institucionales para expresar los desacuerdos, tales como las audiencias ante el Ministerio de Trabajo o los pedidos formales de reapertura de paritarias, en lugar de recurrir a medidas que alteran el orden público. Se recordó, además, que existen antecedentes judiciales por cortes similares realizados por el mismo gremio en años anteriores, donde, incluso, el propio Carlos Córdoba estuvo imputado por la realización de bloqueos en el ingreso a la ciudad.
Mientras el tránsito se normalizaba al caer la tarde, el debate sobre los límites y las formas de la protesta gremial vuelve a instalarse en la agenda pública, con posiciones divididas entre la defensa del derecho a reclamar y el respeto al conjunto de la sociedad.