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El Tribunal de Cuentas de la Provincia emitió una resolución especial tras auditar la contratación de la empresa Estudios y Servicios Ambientales SRL, encargada de las tareas de rescate y monitoreo arqueológico en el marco del proyecto Corredor Costero Canal de Beagle. El informe del organismo de control detectó irregularidades de índole administrativa y formal en el procedimiento, pero concluyó enfáticamente que no se produjo perjuicio fiscal ni daño económico a las arcas del Estado provincial.
La investigación examinó el vínculo contractual establecido a fines de 2019 entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la firma mencionada, por un monto de $9.887.000. La Resolución del Tribunal, fechada el 15 de octubre de 2025, señala un claro apartamiento del marco normativo establecido por la Ley Provincial N.º 1015 y su reglamentación.
La principal irregularidad detectada reside en la secuencia de las fechas de los actos administrativos. El contrato fue suscripto el 22 de noviembre de 2019, mientras que el decreto provincial que aprobaba el procedimiento de contratación fue dictado una semana después, el 29 de noviembre. Ambas fechas resultan además posteriores al inicio efectivo de la prestación, cuya facturación se remonta a octubre de 2019.
A pesar de este desorden formal, el Tribunal de Cuentas constató la efectiva ejecución de las tareas comprometidas. La auditoría verificó informes técnicos, registros de avance de obra y diversa documentación administrativa que prueba que el servicio de monitoreo y rescate arqueológico fue efectivamente prestado. Desde la perspectiva contable, se determinó que el gasto fue real y debidamente devengado, y que la administración provincial recibió el servicio.
El informe concluye que no se hallaron indicios de mala fe por parte del proveedor ni situaciones de enriquecimiento indebido. Por lo tanto, el organismo determinó que corresponde reconocer la obligación de pago, dado que la prestación cumple con los principios de causalidad, legitimidad material y razonabilidad que rigen la gestión financiera pública.
Aunque el contrato con la empresa fue revocado posteriormente por el decreto provincial 2273/21, que declaró ilegítimo el procedimiento inicial, el Tribunal consideró como atenuante el argumento de urgencia esgrimido en 2019. Dicha urgencia estaba vinculada a la necesidad de asegurar las tareas de protección del patrimonio arqueológico en el marco de una obra de gran envergadura.
Finalmente, el organismo de control recomendó a la cartera de Obras Públicas reforzar los mecanismos de control preventivo y garantizar el cumplimiento estricto de las normas de contratación pública para evitar futuras anomalías administrativas.
La auditoría se enmarca en la controversia que rodeó al proyecto del Corredor Costero Canal de Beagle, una ruta escénica de 132 kilómetros concebida para potenciar el turismo. La obra, adjudicada durante la gestión de Rosana Bertone a la empresa Gancedo SA, con una inversión estimada de $1.720 millones, fue paralizada tras el cambio de gobierno en 2020 y, finalmente, rescindida en julio de este año por el Ejecutivo fueguino, luego de acumular años de cuestionamientos y demoras.