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La provincia de Tierra del Fuego, de acuerdo con el informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), se consolida como la tercera jurisdicción con mayor recaudación impositiva propia por habitante en el país, superada únicamente por la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén. Esta posición refleja una economía de alto ingreso que combina sectores estratégicos como el régimen industrial promocionado, el turismo y la obtención de regalías.
Este éxito fiscal relativo, sin embargo, oculta desafíos estructurales y genera un profundo debate federal. Con apenas el 0,4% de la población nacional, la provincia enfrenta un alto costo de provisión de servicios públicos debido a su baja densidad poblacional y dispersión geográfica, lo que dificulta las economías de escala. Además, la dependencia de factores productivos sensibles expone a la provincia a una vulnerabilidad extrema ante cambios en la legislación nacional, caídas en la demanda o shocks externos, exigiendo una urgente planificación de largo plazo y diversificación económica.
A pesar de los altos indicadores per cápita, persisten desigualdades internas, lo que obliga a traducir los recursos fiscales en inversión sostenida y equitativa, asegurando que la autonomía fiscal se refleje en un bienestar general.
En paralelo, el caso de Tierra del Fuego resalta la gigantesca desigualdad interprovincial en Argentina: el informe IARAF señala que CABA recaudó 14 veces más por habitante que provincias como Santiago del Estero. Esta brecha reaviva la histórica discusión sobre la equidad en la distribución de recursos, interpelando al sistema federal sobre la necesidad de mecanismos de compensación efectivos para evitar que las jurisdicciones con menor base de ingresos queden estructuralmente relegadas.