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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, ha puesto en marcha un proceso para la venta de casas y departamentos que, aunque terminados durante la vigencia del programa ProCreAr, nunca fueron formalmente adjudicados a beneficiarios. Esta disposición se enmarca en la disolución y liquidación del programa de viviendas sociales, cuyos activos remanentes están siendo reordenados.
La adquisición de estas propiedades se realiza exclusivamente a través de subastas públicas electrónicas, un mecanismo administrado en línea mediante la plataforma SUBAST.AR. A través de una serie de resoluciones administrativas, el Estado busca concretar la transferencia de estos inmuebles remanentes mediante un mecanismo virtual diseñado para promover la transparencia y la máxima participación.
Disolución de ProCreAr y Traspaso de Créditos Vigentes
El programa ProCreAr, creado en 2012 con el objetivo de financiar y construir viviendas familiares con fondos públicos, fue disuelto formalmente en junio de 2025 (Resolución 764/2025), tras el Decreto N° 1018/24 emitido en noviembre de 2024.
La principal justificación de las autoridades para la eliminación del fondo giró en torno a la idea de que el financiamiento estatal representaba una carga para las cuentas públicas, por lo que debía recaer principalmente sobre el sector bancario comercial. Es importante destacar que los créditos ProCreAr activos y sus condiciones originales para los adjudicatarios se mantienen vigentes y sin cambios, habiendo sido traspasados para su administración al Banco Hipotecario S.A.
Propiedades Incluidas en la Subasta
Las subastas abarcan propiedades terminadas que nunca se asignaron. Se trata de unidades habitacionales de diferentes dimensiones, emplazadas en barrios planificados de diversas provincias. Estos inmuebles, que cuentan con todos los servicios básicos instalados, fueron construidos bajo los lineamientos del programa federal e integran espacios verdes e infraestructura comunitaria. En la mayoría de los desarrollos predominan las viviendas de dos o tres dormitorios.
Además de las unidades finalizadas, la decisión oficial contempla la transferencia de viviendas en estado de obra o sin finalizar a provincias, municipios o al sector privado para que su conclusión se realice por fuera del alcance directo del programa liquidado. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es la entidad que administra y gestiona la comercialización o transferencia de estos activos.
Proceso y Requisitos para Participar
El mecanismo elegido para la disposición de estos bienes es el remate digital a través del sistema SUBAST.AR, avalado por la normativa vigente para la gestión de bienes estatales.
Para intervenir, los interesados (personas físicas o jurídicas) deben realizar una inscripción previa en la plataforma de la AABE. El registro exige constituir un domicilio legal y electrónico en el país, completar los formularios y cargar la documentación personal y fiscal necesaria. Un requisito central es el pago de una garantía cuyo monto es informado previamente para cada subasta, aunque no es indispensable contar con un crédito hipotecario aprobado al momento de ofertar.
La AABE se encarga de publicar el calendario de ventas y suministra toda la información técnica, legal y gráfica (imágenes, planos, ubicación) de cada inmueble días antes del acto de subasta. La oferta inicial se fija en un precio base determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Durante el acto de subasta, la propiedad se adjudica a la oferta más elevada al cierre del plazo. La operación se gestiona íntegramente de forma remota. Una vez adjudicada la propiedad, la oferta adquiere carácter de compromiso firme, y el comprador debe acreditar solvencia económica para cumplir con el pago y los trámites de escrituración. El incumplimiento puede implicar la pérdida de la garantía depositada.