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El Gobierno nacional ha puesto en marcha una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), una iniciativa que busca profundizar la integración, la eficiencia y los mecanismos de control del área. Basado en los lineamientos del Decreto 614/24, este proyecto contempla modificaciones estructurales a la Ley 25.520 y un rediseño integral de los organismos que componen el esquema de inteligencia del Estado, con el fin de modernizar el análisis estratégico nacional.
La propuesta central de la reforma apunta a mejorar la coordinación entre los subsistemas criminal, militar y financiero, eliminando la superposición de funciones que históricamente ha afectado al sector. Según fuentes oficiales, el objetivo es revalorizar la inteligencia como una herramienta estratégica dotada de mayor legitimidad institucional. Para ello, se creará una Comunidad de Inteligencia bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la cual facilitará un intercambio permanente de información incorporando aportes de áreas económicas, tecnológicas, sanitarias y ambientales.
Complementariamente, se establecerá una Comunidad Informativa integrada por organismos que, si bien no producen inteligencia de forma directa, poseen datos relevantes para el Estado. Este intercambio se gestionará a través de un sistema automatizado que registrará todas las comunicaciones, garantizando la trazabilidad de los procesos y reduciendo los márgenes de discrecionalidad en el manejo de la información.
Uno de los cambios más significativos radica en la diferenciación taxativa entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Mientras que la ciberseguridad quedará bajo la órbita de un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Jefatura de Gabinete, la ciberinteligencia se mantendrá enfocada estrictamente en la producción de conocimiento estratégico. Asimismo, la Agencia de Seguridad Nacional verá redefinido su rol para concentrarse exclusivamente en tareas de contrainteligencia, eliminando cualquier superposición con las fuerzas de seguridad y prohibiendo explícitamente su uso para la vigilancia política interna.
En términos de optimización de recursos, el proyecto estipula la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuyas funciones serán absorbidas por el Estado Mayor Conjunto para evitar duplicidades. Además, se habilita al sistema de inteligencia a solicitar apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad, siempre respetando las competencias específicas de cada institución.
Para fortalecer la transparencia, la actual División de Asuntos Internos será reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia. Este nuevo órgano contará con facultades ampliadas para realizar auditorías, investigaciones internas y controles de legalidad y presupuesto. En la misma línea de centralización de la conducción, los titulares de los órganos desconcentrados serán designados directamente por el Secretario de Inteligencia.
Desde el Poder Ejecutivo subrayan que, lejos de las críticas de sectores opositores, esta reforma implica un recorte efectivo de las competencias de la SIDE. Al dejar de intervenir en inteligencia interior y en la protección de infraestructura digital, sumado al achicamiento de la Agencia de Seguridad Nacional, el Gobierno sostiene que se avanza hacia un sistema más compacto, especializado y ajustado a los estándares democráticos modernos.