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El Gobierno nacional ha ratificado que a partir de este jueves 15 de enero los teléfonos inteligentes importados dejarán de estar alcanzados por aranceles aduaneros, consolidando una alícuota del 0% que busca transformar el mercado tecnológico local. Esta resolución es el paso final de un esquema de apertura comercial que se formalizó mediante el decreto 333/25 en mayo de 2025. En aquel periodo, la administración central había implementado una reducción intermedia que llevó el tributo del 16% al 8%, estableciendo una hoja de ruta que culmina ahora con la quita total del gravamen para facilitar el ingreso de dispositivos del exterior.
La estrategia del Poder Ejecutivo se fundamenta en la premisa de que una mayor oferta de productos internacionales forzará una baja en los precios internos de aproximadamente el 30%. Según fuentes oficiales, la medida no solo apunta al ahorro de los usuarios, sino que se enmarca en un plan de inclusión digital y desarrollo tecnológico, bajo el argumento de que reducir las barreras de entrada a la tecnología mejora la productividad y el acceso a la información. No obstante, se ha enfatizado que el descenso en los valores de vidriera será gradual y dependerá de la dinámica de rotación de stock de las empresas comercializadoras.
Este cambio normativo se integra en un complejo entramado de reformas impositivas que también afectaron a la producción del régimen de Tierra del Fuego. En mayo de 2025, el Gobierno ya había suprimido los impuestos internos para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en la isla, eliminando la tasa del 9% que pesaba sobre ellos. Al mismo tiempo, se aplicó una reducción sobre los impuestos internos de televisores y consolas de videojuegos importados, que cayeron del 19% al 9,5%, configurando un nuevo mapa de costos para todo el sector de la electrónica de consumo.
En la vereda opuesta, la medida ha generado una alarma creciente en el polo industrial del sur, donde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha manifestado un rechazo contundente. Marcos Linares, secretario adjunto de la seccional Río Grande, expresó que existe una preocupación profunda por lo que consideran una política que vulnera la producción nacional. Desde el sector gremial se sostiene que la apertura indiscriminada pone en riesgo la continuidad de la industria electrónica, la cual es el motor de la isla al representar el 78% de la actividad económica provincial y generar sustento directo para unas 8.500 familias.
El conflicto de intereses pone de relieve la vigencia del régimen de promoción industrial de 1972. Este sistema fue diseñado originalmente no solo como un motor económico, sino como una herramienta de soberanía para asegurar el poblamiento de una zona estratégica mediante la exención de impuestos nacionales. Para los representantes de los trabajadores, la eliminación de los aranceles a la importación desvirtúa el espíritu de este derecho soberano y debilita la competitividad de las plantas locales frente a los productos terminados en el exterior, planteando un escenario incierto para el futuro laboral en la provincia de Tierra del Fuego.