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El auge del senderismo en Tierra del Fuego ha transformado las laderas de la provincia en un imán para el turismo de naturaleza. Lo que antes era territorio reservado para montañistas expertos, hoy es transitado por un público masivo impulsado por la visibilidad en redes sociales. Sin embargo, esta democratización del acceso a la montaña ha traído consigo una consecuencia crítica: un incremento sostenido en la cantidad de operativos de emergencia.
Durante la temporada 2023–2024, las estadísticas oficiales registraron asistencia a 117 personas, cifra que volvió a superar el centenar en 2025. De este total, se estima que al menos 80 intervenciones anuales requirieron un despliegue logístico completo, movilizando personal especializado, vehículos y equipamiento técnico. Esta frecuencia de incidentes no solo pone a prueba la capacidad de respuesta, sino que representa una carga financiera significativa para las arcas públicas.
En términos económicos, un rescate estándar tiene un costo aproximado de 8.500 dólares (unos 13 millones de pesos), cifra que contempla combustible, comunicaciones, desgaste de material y horas de trabajo de los rescatistas. Bajo estos parámetros, entre 2024 y 2025 el Estado ha invertido más de 600 mil dólares —aproximadamente 891 millones de pesos— en tareas de búsqueda y salvamento, sin contar los gastos médicos posteriores ni los operativos iniciados en los primeros días de este 2026.
La complejidad y el costo de estas acciones varían drásticamente según la geografía. Mientras que intervenciones en zonas como Estancia Túnel se resuelven por vía terrestre, los incidentes en el Glaciar Ojo del Albino o lagunas de altura suelen exigir más horas de labor, mayor dotación de personal y, en casos extremos, el uso de helicópteros privados. A pesar de los riesgos que asumen los rescatistas en terrenos hostiles, la provincia se destaca por la eficacia de su Comisión de Auxilio, donde la coordinación entre voluntarios, fuerzas de seguridad y pilotos permite salvar vidas de forma constante.
Un factor de preocupación adicional es que la mayoría de los asistidos carecen de seguros de accidentes personales o coberturas para actividades de riesgo. Al ser el Estado quien absorbe la totalidad de los costos operativos y la posterior atención en hospitales públicos, se analiza la posibilidad de implementar medidas preventivas más rigurosas. Entre las propuestas destaca la colocación de cartelería informativa que no solo detalle la dificultad técnica del sendero, sino que también advierta explícitamente sobre el valor económico de un operativo de rescate en caso de negligencia o falta de preparación.