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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un plan de retiros voluntarios para trabajadores de planta permanente con al menos dos años de antigüedad. La medida fue oficializada mediante la Resolución 68/2026 y forma parte del proceso de reorganización del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, orientado a reducir el gasto público y achicar la estructura del sector estatal.
El programa, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), permite a los empleados desvincularse del organismo a través de un acuerdo mutuo. Como incentivo, se estableció una gratificación extraordinaria que puede alcanzar hasta $80 millones, dependiendo de la antigüedad y del salario del trabajador.
La compensación equivale al 90% del salario bruto mensual por cada año trabajado, con un tope máximo de 24 sueldos. Si el monto total no supera los $80 millones, se paga en una sola cuota; si lo excede, se abona en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas.
Para acceder al plan, los agentes deben integrar la planta permanente y cumplir con el requisito mínimo de antigüedad. El proceso es coordinado por la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES y cada acuerdo debe formalizarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria con asesoramiento legal.
El régimen establece varias exclusiones: no podrán adherirse quienes tengan procesos judiciales por delitos contra la administración pública, empleados con sumarios disciplinarios, quienes hayan iniciado su trámite jubilatorio, presentado su renuncia o tengan más de 62 años. También quedan excluidos quienes mantengan litigios laborales, salvo que desistan de esas acciones.
Uno de los puntos más estrictos del plan es que quienes acepten el retiro voluntario no podrán volver a trabajar en la administración pública nacional durante cinco años, bajo ninguna modalidad de contratación.
El plazo para adherirse vence el 5 de abril y se enmarca en una política más amplia de reducción del empleo estatal que, según el cronograma oficial, podría dejar al menos 5.000 cargos vacantes en organismos públicos.