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Las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration aseguraron que el endurecimiento de penas promovido por la Casa Rosada no alterará las operaciones ni la meta de extraer crudo en 2028.
A menos de 24 horas del mensaje emitido por cadena nacional en el que el presidente Javier Milei prometió endurecer las sanciones contra la explotación ilegal de recursos en las Islas Malvinas, las compañías al frente del megaproyecto offshore Sea Lion respondieron de forma contundente. Las firmas aseguraron que las medidas impulsadas por el Gobierno argentino no tendrán un efecto material en sus operaciones ni alterarán el cronograma de producción establecido.
A través de un comunicado conjunto difundido por Rockhopper Exploration que refleja la postura de la operadora mayoritaria Navitas Petroleum, las petroleras respaldaron las licencias otorgadas por el gobierno colonial del archipiélago y apoyadas por el Reino Unido. En la declaración, la sociedad ratificó que los recientes acontecimientos geopolíticos no afectarán las actividades de desarrollo en la cuenca, manteniendo firmes las metas operativas del yacimiento.
Ubicado a 300 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, Sea Lion representa uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en la región de la plataforma continental del Atlántico Sur. La iniciativa contempla una inversión inicial estimada en 2.200 millones de dólares, donde la israelí Navitas Petroleum posee el 65% de la operación y la británica Rockhopper conserva el 35% restante. El plan operativo proyecta la realización de 38 perforaciones para alcanzar un volumen de hasta 125.000 barriles diarios de crudo, con miras a extraer la primera producción comercial hacia el año 2028.
El avance de las tareas operativas quedó demostrado en agosto pasado, cuando Navitas confirmó la adquisición de un segundo buque de almacenamiento y descarga por un valor de 125 millones de dólares para acelerar las tareas de extracción. El fuerte involucramiento de la firma de origen israelí genera un escenario diplomático complejo para la Casa Rosada, dada la estrecha alineación política que la gestión de Milei sostiene con el gobierno de Israel.
Pese a la firmeza comunicada para llevar tranquilidad a los mercados, la tensión institucional impactó de forma directa en las bolsas de valores. Las acciones de Rockhopper en el mercado financiero de Londres sufrieron bajas tras el anuncio del Ejecutivo argentino, arrastrando a otras empresas vinculadas a la prospección hidrocarburífera en el área disputada.
La reacción corporativa deja en evidencia un choque de estrategias en el Atlántico Sur. Mientras la Argentina busca elevar los costos legales y financieros de la exploración no autorizada amparándose en su derecho soberano, las multinacionales redoblan su apuesta operativa bajo el paraguas político del Reino Unido, marcando un hito de alta tensión en la disputa por los recursos energéticos de la región.