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Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para regular la acuicultura avanza en la Legislatura provincial, pero no sin controversia. La iniciativa, que busca reemplazar la ley que prohibía la salmonicultura, obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales, en medio de denuncias de irregularidades
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca reemplazar la ley que prohibía la salmonicultura, pero ha generado un fuerte rechazo entre ambientalistas y legisladores de la oposición.
El dictamen, que promueve la nueva ley de acuicultura, fue firmado por tan solo 4 de los 10 integrantes de la Comisión de Recursos Naturales. Según denunció la legisladora Laura Colazo, la firma se realizó en un contexto irregular: tras declarar un cuarto intermedio en una reunión en Río Grande, el mismo fue levantado sin su presencia ni conocimiento.
«Este accionar vulnera los principios de transparencia, participación y respeto institucional», sentenció Colazo, quien acto seguido renunció a la presidencia de la comisión. Su postura fue respaldada por el legislador Pablo Villegas, quien calificó la firma del dictamen como un «grave vicio de ilegalidad».
El proyecto de ley del Ejecutivo propone un nuevo marco para la acuicultura, pero mantiene la prohibición de cultivo y producción de salmónidos en el Canal Beagle. Sin embargo, abre la puerta a su desarrollo en lagos, lagunas, ríos y arroyos de la provincia, utilizando «sistemas de Circuito Cerrado de Recirculado de Agua (RAS)».
Entre otros puntos, la iniciativa incluye la creación de un Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola, y establece la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental para nuevos proyectos. Un cambio introducido en el dictamen de comisión obliga a los productores a reservar un porcentaje de su producción para consumo local.
A pesar de la controversia por la forma en que se firmó el dictamen, el proyecto ya está en condiciones de ser tratado en sesión. Se espera que sea aprobado con una amplia mayoría, con el apoyo de legisladores de FORJA, Libertad Avanza y el PJ, entre otros.
Esta posible aprobación genera gran preocupación en el sector ambiental, que ve en la ley un «grave retroceso en la política ambiental de nuestra provincia». El debate sobre la conservación de los ecosistemas fueguinos y el desarrollo productivo seguirá abierto, pero parece que la decisión ya está tomada.