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En un hecho histórico que no se registraba desde 2003, el Congreso de la Nación ha anulado el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Emergencia a la Discapacidad. La decisión, que se tomó este jueves, marca un precedente en la relación entre los poderes del Estado y subraya la importancia que la agenda de derechos de las personas con discapacidad tiene para una amplia mayoría de legisladores. La Cámara de Diputados fue la primera en dar la señal, con 130 votos en contra del veto, logrando la mayoría especial necesaria para convertir la iniciativa en ley.
La Ley de Emergencia a la Discapacidad, que estará vigente hasta diciembre de 2026, tiene como objetivo principal garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones básicas de atención integral en todo el país. Su punto central es la actualización de los aranceles de los prestadores de forma mensual y automática. Para ello, se utilizará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que busca asegurar que los servicios de atención no pierdan valor frente a la inflación y que las personas con discapacidad no vean interrumpidas sus terapias y tratamientos.
Además de la actualización automática, la norma prevé la creación de una mesa de trabajo intersectorial permanente para la resolución de conflictos. Esto asegura un espacio de diálogo constante entre las organizaciones, el Estado y los prestadores, buscando la continuidad de la atención y evitando que las diferencias se conviertan en un obstáculo para el acceso a la salud.
El veto presidencial había generado una profunda preocupación entre las organizaciones de personas con discapacidad, que habían manifestado su descontento y movilizado a sus bases en defensa de la ley. La anulación del veto es, en gran medida, un triunfo de la sociedad civil organizada.
La votación en el Congreso contó con un amplio respaldo de distintos bloques políticos, incluyendo al Frente de Izquierda, Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal, lo que refleja un consenso transversal sobre la necesidad de esta legislación. Este hecho marca un punto de inflexión y demuestra la capacidad de las organizaciones para incidir en el debate público y legislativo, logrando que sus reclamos sean escuchados y plasmados en políticas de Estado. La promulgación de esta ley es un paso adelante en el camino hacia la plena inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.