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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionó la visita de Javier Milei a Ushuaia y afirmó que la “motosierra” del Gobierno nacional pone en riesgo más de 6.000 puestos en la industria tecnológica, además de afectar a textiles, obreros de la construcción, docentes, médicos y policías. Reclamó respeto institucional y alertó sobre el impacto de las medidas económicas en la provincia más austral.
El gobernador Gustavo Melella expresó con firmeza su rechazo a la visita del presidente Javier Milei a Ushuaia, a la que calificó como un acto de campaña y no como una instancia institucional. Según el mandatario, el malestar social en Tierra del Fuego tiene raíces profundas: la pérdida de empleos en el sector privado y la precarización de los salarios en el sector público. “¿Cómo lo va a recibir un trabajador textil que cada día ve peligrar su puesto? ¿Cómo lo va a recibir un obrero de la construcción que quedó sin empleo, o un docente, un médico o un policía cuyos salarios no alcanzan por culpa de la motosierra?”, cuestionó en FM Ushuaia .
Melella advirtió que más de 5.000 a 6.000 puestos de trabajo en la industria tecnológica podrían perderse el próximo 31 de diciembre si no se revierten los acuerdos vigentes. Además, recordó que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) hizo todo lo posible para salvar miles de empleos en el sector, pero que la amenaza continúa latente. “La gente está enojada porque sufre las consecuencias de medidas contrarias a los trabajadores. No solo en Tierra del Fuego: esto se ve a lo largo y ancho del país”, agregó.
En paralelo, el mandatario señaló que el Gobierno nacional prioriza el déficit cero a costa de recortar obra pública, salud, educación y programas sociales. “En tres días se gastaron 1.100 millones de dólares, lo que equivale a dos años de presupuesto para Tierra del Fuego, mientras nos dicen que no hay plata para rutas, hospitales o salarios dignos”, expresó. A su juicio, la famosa motosierra que el oficialismo exhibe como bandera se traduce en menos recursos para las provincias y en un ajuste feroz que impacta directamente en la vida cotidiana de los argentinos.
La situación golpea también al sector privado: industrias textiles con cierres confirmados, la industria electrónica bajo amenaza por la eliminación de aranceles a partir de enero, y un turismo que funciona “a media máquina” por la pérdida de competitividad frente a destinos internacionales más baratos. A esto se suma la incertidumbre en el sector de hidrocarburos y la paralización de la obra pública, que deja a muchos trabajadores de la construcción sin alternativas de empleo.
El gobernador también cuestionó el despliegue de la visita presidencial, que incluyó tres aviones de la Fuerza Aérea y un fuerte operativo de seguridad. “Si fuera una visita institucional, por supuesto que la policía provincial hubiese estado disponible. Pero yo no voy a poner a reprimir a los trabajadores de la UOM o a los textiles que están luchando por sus empleos”, subrayó. A la vez, criticó la presencia de fuerzas federales y la denuncia de la CGT sobre posibles infiltrados en las manifestaciones, al afirmar que Tierra del Fuego “es un pueblo pacífico, pero enojado” y que no necesita “gente de afuera para agitar los conflictos”.
Melella también puso el foco en el empleo público provincial. “Los médicos, docentes y policías merecen mejores salarios, pero la motosierra nos quita recursos y condena a la provincia a sostener con menos ingresos los servicios esenciales. Es una situación cada vez más insostenible”, señaló. En este punto, advirtió que la reducción de retenciones al agro significa menos fondos para las provincias. “Mientras las cerealeras se benefician con un negociado de 1.500 millones de dólares, a nosotros nos dicen que no hay dinero para rutas ni para salarios. Es una estafa”, sostuvo.
El mandatario no dejó pasar lo ocurrido en la visita presidencial a la planta de Newsan en Ushuaia, donde Milei fue recibido por directivos y trabajadores. “Espero que el grupo diga públicamente si el Presidente les garantizó que no habrá arancel cero en enero y que los puestos de trabajo están asegurados. De lo contrario, no se entiende qué fue lo que aplaudieron”, manifestó con dureza.
Para Melella, lo que está en juego es la continuidad de un modelo productivo que sostiene miles de empleos. En su análisis, la eliminación de impuestos internos y aranceles a partir del próximo año significará un golpe directo a la producción fueguina, porque “será más barato importar celulares y electrónicos que fabricarlos en la provincia”. Esta decisión, explicó, “atenta contra la industria, la soberanía y el futuro de miles de familias que dependen de esos empleos”.
Finalmente, el gobernador hizo un llamado político a la ciudadanía. “El único frente capaz de ponerle un límite a la motosierra es Fuerza Patria. Si no reaccionamos ahora, la situación laboral y social se va a complicar cada vez más en la Argentina y, particularmente, en nuestra provincia”, advirtió. Y cerró con un mensaje directo: “Ellos que decían que venían a terminar con la casta, hoy son la peor expresión de esa casta. Tenemos que poner un freno, porque el pueblo fueguino no puede seguir pagando el costo de este ajuste”.
“Instalar bases extranjeras es entregar soberanía”
Consultado sobre el DNU que habilitó la presencia de militares en la Base Naval Ushuaia, el gobernador Gustavo Melella adoptó una posición crítica frente a la eventual instalación de infraestructura o despliegues militares extranjeros en la Argentina. En su lectura, el eje del problema no es sólo operativo, sino estratégico: habilitar presencia militar foránea —aun bajo el rótulo de cooperación— reconfigura equilibrios de poder en el Atlántico Sur y condiciona la capacidad de decisión soberana del país.
En ese marco, Melella sostuvo que “instalar bases o realizar maniobras conjuntas con la OTAN, integrada por Estados Unidos y el Reino Unido, es lamentable y repudiable”. El señalamiento no se limita a un hecho puntual: busca, más bien, advertir sobre una tendencia que, a su juicio, “avanza sobre la soberanía” en un área especialmente sensible para la Argentina, donde convergen intereses geopolíticos (proyección antártica), económicos (recursos pesqueros e hidrocarburíferos) y simbólicos (la cuestión Malvinas).
Desde esa perspectiva, el mandatario fueguino planteó dos criterios. Por un lado, el de legalidad y control democrático: cualquier decisión que involucre personal o medios militares extranjeros debe transitar por el Congreso y contar con máxima transparencia. Por otro, el de coherencia estratégica: en un entorno de disputa por recursos y rutas, la Argentina debería priorizar capacidades propias y cooperación regional, evitando arreglos que la subordinen a agendas ajenas.
Además, Melella subrayó que la dimensión simbólica importa: la presencia de fuerzas de países con posiciones contrapuestas a los reclamos argentinos en Malvinas “genera señales equívocas” y puede ser leída como debilitamiento del frente diplomático. Por ello, insistió en que toda política de defensa debe alinearse con el interés nacional, fortalecer a las Fuerzas Armadas locales y resguardar la autonomía decisional, especialmente en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Finalmente, el gobernador llamó a encauzar el debate en términos institucionales y federales. Según su mirada, decisiones de alta sensibilidad estratégica deben contemplar el impacto territorial, escuchar a las provincias involucradas y someterse a control parlamentario. Solo así —concluyó— se evita confundir cooperación con alineamiento automático y se preserva el principio rector: la soberanía no se terceriza.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo